Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en España alcanzaron en 2025 los 1,15 millones, un aumento del 1,7 por ciento respecto al año anterior, según el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Este incremento contrasta con la disminución del 2,7 por ciento en el número de abogados adscritos al turno de oficio, que se situó en 38.871 profesionales.
El informe destaca que Castilla-La Mancha registró un aumento del 11,3 por ciento en la asistencia letrada al detenido, situándose entre las regiones con mayor crecimiento. Por comunidades autónomas, Cataluña encabezó el número de solicitudes con 267.002 (23,1 % del total), seguida de Andalucía (232.766, 20,1 %), Madrid (158.945, 13,8 %) y Comunidad Valenciana (126.233, 10,9 %).
Durante la presentación del informe, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, subrayó “el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia”. González añadió que el esfuerzo de miles de abogadas y abogados “constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”. En este sentido, reclamó una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales.
A pesar del aumento de solicitudes, el número de abogados adscritos al turno de oficio sigue descendiendo. Mientras que el total de abogados en España creció de 148.867 a 149.515 (un 0,4 % más), los adscritos al turno de oficio disminuyeron hasta los 38.871, lo que supone un descenso acumulado del 14,1 por ciento desde 2020, cuando había 45.275. Del total actual, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento, mujeres. Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades con más abogados adscritos al turno.
Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, señaló que “la baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial”. Méndez insistió en la necesidad de “la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones” para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2 por ciento, superando los 355 millones de euros. Este incremento responde tanto al aumento de solicitudes como a la subida de los baremos de retribución en varias comunidades autónomas. Cataluña fue la comunidad que más invirtió en este servicio (48,4 millones de euros), seguida de Madrid (42 millones), Comunidad Valenciana (36 millones) y Andalucía (30 millones). Aragón, La Rioja, Ceuta y Asturias registraron los mayores crecimientos porcentuales en inversión.
La inversión media por ciudadano fue de 7,25 euros al año, aunque con notables diferencias entre comunidades. Ceuta (19,13 euros), Canarias (11,41 euros) y Melilla (11,32 euros) lideran la inversión per cápita.
El informe también recoge disparidades retributivas entre territorios. Por ejemplo, la compensación por un procedimiento abreviado varía desde los 291 euros en el territorio Ministerio hasta los 782 euros en el País Vasco. En materia de violencia de género, la remuneración por asistencia individualizada oscila entre 87,63 euros en el territorio Ministerio y hasta 139,65 euros en otras comunidades.
Méndez recalcó la necesidad de una reforma legal: “Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro: los baremos que retribuyen a los profesionales del Turno de Oficio deben revisarse y actualizarse de forma adecuada. No es razonable exigir un servicio público esencial del siglo XXI con una financiación anclada en parámetros del pasado”.
El acceso a la justicia gratuita en España se determina por la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, y está garantizado para personas sin recursos, víctimas de violencia de género, terrorismo o trata, trabajadores en defensa de sus derechos laborales, menores y personas con discapacidad intelectual o psíquica víctimas de abuso o maltrato.
Salvador González concluyó la presentación recordando que “la fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del turno de oficio. Si queremos preservar nuestro Estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción. En este desafío, España no puede permitirse fallar”.
