El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria que reconoce a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo que, según los sindicatos, supone un importante avance en materia de protección y seguridad laboral.
La reforma afecta al artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 y conlleva importantes cambios jurídicos. Entre ellos, que las agresiones a funcionarios de prisiones puedan ser consideradas atentado contra la autoridad, lo que implica penas más severas para los internos responsables. Según recoge el artículo 550 del Código Penal, estas conductas podrán castigarse con hasta cuatro años de prisión adicionales.
Más protección y respaldo jurídico
Además del reconocimiento como agentes de la autoridad, la modificación legislativa contempla diversas medidas destinadas a reforzar la protección de los trabajadores penitenciarios.
Entre las novedades figuran el reconocimiento legal de su condición ante todas las administraciones públicas, la consideración de sus informes como base suficiente para adoptar resoluciones salvo prueba en contrario, así como compensaciones económicas en caso de sufrir daños personales o materiales durante el servicio.
La reforma también prevé garantías específicas de seguridad en situaciones de traslado o ingreso en prisión y establece la obligación de que la Administración proporcione formación teórica y práctica especializada a los trabajadores.
Una reivindicación histórica del sector
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han valorado la aprobación de la medida como un logro largamente reclamado por el colectivo, especialmente en un contexto marcado por el aumento de las agresiones y los problemas de seguridad en los centros penitenciarios.
Según datos citados por el sindicato, cada año se registran más de 500 agresiones a trabajadores de prisiones, lo que equivale a una agresión cada 18 o 20 horas.
Preocupación por la situación en las cárceles
CSIF ha advertido además del deterioro de las condiciones en los centros penitenciarios, señalando el incremento de la población reclusa y la falta de personal en áreas clave como vigilancia, sanidad o atención médica.
En Castilla-La Mancha, los datos del sindicato indican que actualmente hay 1.809 internos en los distintos centros penitenciarios de la región.
La organización sindical reclama un refuerzo de las plantillas para hacer frente al aumento de la carga de trabajo y mejorar la seguridad de los trabajadores, además de impulsar una actualización de la legislación penitenciaria para adaptarla a las nuevas realidades presentes en las cárceles españolas.
