La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aprovechado la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, celebrado este martes, para denunciar la “alta” siniestralidad laboral que afecta a Castilla-La Mancha. Según datos del sindicato, durante el pasado año se produjeron 74 accidentes laborales al día en la región, con un total de 27.122 siniestros y 48 fallecidos.
La responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, ha calificado la situación de “intolerable” y ha advertido de que “no se está garantizando algo tan fundamental como el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna en los centros de trabajo”. Gutiérrez ha destacado que en los dos primeros meses de 2025 ya se han registrado ocho muertes, seis más que en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia, en su opinión, “una involución en materia de seguridad y salud laboral”.
Castilla-La Mancha sigue encabezando el índice de siniestralidad laboral mortal en España, con 5,32 muertes por cada 100.000 habitantes. La provincia de Cuenca presenta la tasa más elevada, con 12,62 muertes por cada 100.000 habitantes y un total de 10 fallecidos en 2025.
CSIF atribuye esta situación al “deterioro” de la cultura preventiva y de las condiciones de trabajo. El sindicato reclama “una verdadera implicación” de todos los agentes relacionados con la prevención, incluyendo gobiernos, empresas, administraciones, mutuas, Inspección de Trabajo, servicios de prevención, trabajadores y representantes sindicales. “Hasta que no haya una conciencia colectiva de la tragedia que supone un accidente laboral y haya una inversión real no podremos avanzar”, ha subrayado Gutiérrez.
Coincidiendo con la aprobación del anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que la nueva norma “fracasará” si no se acompaña de recursos e inversión suficientes. “La salud laboral es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España”, ha añadido la responsable sindical.
En cuanto a los sectores más afectados, la industria manufacturera registró 6.233 accidentes en 2025, seguida de la construcción (3.905), el comercio con reparto en vehículo de motor (2.923), actividades administrativas y servicios auxiliares (2.128) y transporte y almacenamiento (2.076). Las principales causas de los accidentes son caídas, pérdida de control de equipos o materiales, golpes, sobresfuerzo físico y accidentes de tráfico, especialmente en fábricas, talleres, restaurantes, centros sanitarios, obras y puntos de venta.
CSIF también ha alertado sobre la existencia de accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican, como los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos. Según el sindicato, estos problemas “siguen siendo invisibilizados y normalizados”.
Aunque la nueva norma estatal incorpora propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, el sindicato denuncia que la falta de inversión limita la formación, la implantación de medidas preventivas y la adaptación de los puestos de trabajo. “Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección”, ha lamentado Gutiérrez.
Entre las medidas que propone CSIF para lograr una cultura preventiva real figuran la regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo y profesionales sanitarios, el aumento de plantillas en los servicios de prevención, la garantía de presencia real de prevención en los centros de trabajo y la reclasificación de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales al grupo A1.
Además, el sindicato plantea la cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional, formación y desarrollo profesional continuo, cumplimiento de la legislación en la contratación de personal sanitario, incorporación de psicólogos y mediadores, refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento específico de los sectores con mayor riesgo.
