La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que aplique la carrera profesional a todo el personal de la Administración General de la comunidad autónoma y sus organismos autónomos. La petición llega una semana después de la firma del pacto que reactiva la carrera profesional para el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) mediante dos convocatorias extraordinarias y otra especial.
El sindicato ha señalado que este miércoles comienza la negociación de un nuevo modelo de carrera profesional, basado en un sistema de convocatoria permanente que eliminaría la necesidad de procesos extraordinarios.
CSIF recuerda que este derecho ya está recogido en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, pero denuncia que el Ejecutivo regional «continúa sin implantarla». Además, la carrera profesional está establecida en el capítulo II, título III, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), y según CSIF, «diferentes comunidades ya lo aplican a sus trabajadores públicos».
Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, ha subrayado que «se está privando a los empleados públicos de la Junta de oportunidades de ascenso y progreso profesional». El sindicato reclama que se habilite la carrera profesional tal y como recoge la Ley 4/2011, que contempla la progresión de tramos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, valorando el desempeño, la trayectoria y la actuación profesional.
Sánchez ha incidido en que «no se está motivando a los empleados públicos de esta región, estamos hablando de años de esfuerzo, formación y dedicación. No es sólo antigüedad: es valorar el compromiso diario con el servicio público». Añade que «trabajadores más reconocidos y motivados elevan la calidad de nuestros servicios públicos».
CSIF reclama este derecho para los más de 55.000 trabajadores dependientes de la Junta de Comunidades, incluyendo Consejerías, delegaciones, docentes, servicios sociales y sociosanitarios, empresas públicas y la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, el sindicato insiste en que los más de 35.000 trabajadores de ayuntamientos y diputaciones en la región también deben ver reconocida la carrera profesional.
«La fortaleza de los servicios públicos radica en el reconocimiento de todas las administraciones para evitar discriminaciones y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria», señala CSIF. Hasta el momento, algunas corporaciones locales aplican incentivos a la formación, pero tampoco tienen desarrollada la carrera profesional, según el sindicato.
