El Proyecto de Ley que modifica la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha ha sido aprobado este jueves en las Cortes regionales, tras la negativa a 41 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, doce de Vox y 29 del Partido Popular. La norma, según el Gobierno autonómico, busca fortalecer la sostenibilidad de las farmacias en el medio rural y dotar de mayor seguridad jurídica a los farmacéuticos.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha destacado que el principal beneficio de la ley es «favorecer el establecimiento y la sostenibilidad de las farmacias en el medio rural, respondiendo a las necesidades de la población que residen en zonas escasamente pobladas, o en riesgo de despoblación, sobre todo en núcleos de población de menos de 1.500 habitantes».
Fernández ha subrayado que la ley «no agota las actividades que pueden desarrollar los profesionales farmacéuticos, regula con mayor seguridad jurídica su situación de jubilación activa o parcial y garantiza sus derechos y deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar».
Entre las novedades, la norma mejora la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios de la región y adapta la legislación autonómica a la estatal en lo relativo a la dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Además, se flexibilizan las distancias mínimas entre oficinas de farmacia, que podrán ser inferiores a los 50 metros actuales hasta un límite de 150 metros, «un aspecto que se regula de manera similar en otras comunidades autónomas», ha explicado Fernández. Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 1.289 oficinas de farmacia para unos 2,1 millones de habitantes, lo que supone una media de una oficina por cada 1.650 habitantes, además de 267 botiquines en núcleos de menos de 500 habitantes.
Desde la oposición, el diputado de Vox Iván Sánchez ha criticado que el proyecto de ley «vuelve a incurrir en una deficiencia técnica legislativa». Sánchez ha defendido que sus enmiendas, «que no tienen matiz político», pretendían «modernizar y mejorar las definiciones» de la norma, adaptando «el lenguaje legal a la realidad del paciente y del usuario».
Según Sánchez, Vox buscaba «proteger los derechos tanto del profesional como del paciente, reforzar el papel asistencial del farmacéutico, acercar la atención de proximidad y dar seguridad jurídica al sector». Además, ha defendido «la farmacia como un servicio esencial, por encima de la dispersión administrativa, evitando las fronteras artificiales que se han creado con el sistema autonómico y la necesidad de una sanidad al servicio de los españoles».
Por parte del PP, el diputado Juan Antonio Moreno Moya ha lamentado el rechazo a sus 29 enmiendas, centradas en la atención farmacéutica en centros penitenciarios, la conciliación familiar de los profesionales y la atención farmacéutica domiciliaria. Moreno Moya ha criticado «la obcecación» del PSOE «para limitar la comunicación entre médicos y farmacéuticos» que comparten información clínica relevante de pacientes, «en especial de los crónicos».
Ha señalado que «el 99 % de la población dispone de una oficina de farmacia donde se realiza el control rutinario de parámetros como la glucosa, la hemoglobina o los triglicéridos», lo que permite «una detección precoz de enfermedades», pero ha denunciado que el Gobierno regional «se niega a que se haga en una farmacia».
Según Moreno Moya, los ciudadanos deben esperar «20 días» para una analítica y «otras dos o tres semanas» para recoger los resultados. Aunque ha reconocido que «se avanza un pasito» en la modificación de la ley, ha lamentado que «se podían haber avanzado 50 pasitos», acusando al PSOE de plantear «un mundo idílico» y vender «la mejor modificación de la ley de ordenación farmacéutica que puede haber».
En respuesta, el diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha defendido el dictamen de la ley como «eminentemente técnica», aunque ha admitido que tiene matices políticos. Godoy ha reprochado a Vox sus «prejuicios con el lenguaje inclusivo» y ha recordado que la objeción de conciencia «es un problema que está resuelto desde hace veinte años».
Sobre el PP, Godoy ha asegurado ser «absolutamente transparente en esta ley», pero ha criticado su «voluntad negociadora» y ha afirmado que el PP ha perdido «una oportunidad de oro».
La aprobación de la nueva ley farmacéutica se produce tras un debate marcado por el rechazo a las propuestas de la oposición y la defensa del Gobierno regional de una norma que, según sus impulsores, busca garantizar la atención farmacéutica en todo el territorio, especialmente en las zonas más despobladas.
