La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que se cumple un año desde la supresión del derecho a la jubilación parcial para el personal laboral en Castilla-La Mancha, una medida que, según el sindicato, ha afectado gravemente a cientos de trabajadores tras décadas de servicio.
En la región, más de 36.000 empleados forman parte de la categoría de personal laboral. Entre ellos, aquellos con 33 años cotizados podían hasta ahora reducir su jornada laboral hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que entró en vigor el 1 de abril de 2025, ha eliminado esta posibilidad.
El Real Decreto, firmado por el Gobierno de España junto a los sindicatos CCOO y UGT, no incluyó a los empleados públicos en su ámbito de aplicación. Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, ha calificado esta exclusión como “un olvido que ha sido un auténtico atentado a los derechos adquiridos, son muchos los trabajadores que no han podido acogerse a una jubilación parcial que ya tenían consolidada”.
CSIF lamenta que, hasta la fecha, no se haya avanzado en la recuperación de este derecho fundamental. El sindicato señala que el Gobierno central ha aceptado este mes de marzo la propuesta de CSIF de realizar contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas en las correspondientes ofertas de empleo público (OPE), una medida que podría concretarse en las próximas semanas mediante otro Real Decreto-ley.
El Real Decreto-ley 11/2024 exige que la persona relevista tenga un contrato indefinido a jornada completa y mantenga su vínculo laboral durante al menos dos años tras la finalización de la jubilación parcial. Según CSIF, “esta condición, que en el sector privado supone un simple trámite de contratación, en el sector público provoca el bloqueo del acceso a la jubilación parcial hasta la convocatoria de una OPE”.
Joaquín Sánchez ha expresado el malestar del sindicato: “Un año después seguimos sin entender por qué se adoptó esta decisión, es sangrante que se elimine un derecho adquirido amargando los últimos años de trabajo de los empleados públicos tras toda una vida de servicio. Lo que sí tenemos claro es que no hay tiempo que perder”.
CSIF reitera su compromiso de lograr la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral y de ampliar este derecho al personal funcionario y estatutario, que lo tienen bloqueado desde 2012 como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010. Aunque este recorte se eliminó en 2023, el sindicato recuerda que, tras más de tres años, aún no se ha restituido este derecho.
