Organizaciones sindicales, feministas y defensoras de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han remitido 275 postales firmadas por ciudadanos y ciudadanas de la región al presidente autonómico, Emiliano García-Page, bajo el lema: “Exijo que todas las administraciones garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso”.
Según ha informado Amnistía Internacional en nota de prensa, esta iniciativa refleja la preocupación de distintos colectivos sociales ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno regional de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público.
La entrega de las postales da continuidad a las acciones promovidas en los últimos años por organizaciones como Ágora Feminista de Albacete, CCOO y Amnistía Internacional, entre otras. Entre ellas figuran concentraciones celebradas en las capitales de provincia con motivo del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.
Denuncian incumplimientos de la ley
Los colectivos sostienen que más del 60 % de las mujeres de Castilla-La Mancha que desean abortar deben desplazarse a otras comunidades autónomas. Señalan que, de las 47.239 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas a usuarias del Sistema Nacional de Salud de la región entre 2010 y 2023, solo 18.895 se realizaron en centros ubicados en Castilla-La Mancha.
Asimismo, indican que el 99,94 % de los abortos se llevan a cabo en clínicas privadas o concertadas y que únicamente 30 se han practicado en centros públicos en 14 años. A su juicio, estos datos evidencian un patrón de objeción de conciencia que, recuerdan, debe ser individual y no institucional ni colectiva.
También critican que la Junta no haya detallado cómo está implantando el registro de objetores ni cómo organizará los servicios públicos para asegurar este derecho, tal y como establece el artículo 19 bis 2 de la Ley 1/2023. Subrayan que la norma recoge que el ejercicio individual de la objeción de conciencia no puede afectar al acceso ni a la calidad de la prestación, y que los servicios públicos deben garantizar el personal sanitario necesario.
En cuanto a la información disponible, consideran insuficiente que se limite al teléfono Salud Responde y reclaman más recursos accesibles, como protocolos, folletos o contenidos web específicos.
Por otro lado, denuncian la falta de medidas frente al acoso que, aseguran, sufren mujeres y profesionales sanitarios a las puertas de las clínicas por parte de grupos contrarios al aborto.
Los colectivos solicitaron formalmente a la Presidencia de la Junta una reunión para hacer entrega de las postales, pero afirman no haber recibido respuesta. También indican que en los últimos años han pedido encuentros con el consejero de Sanidad y la consejera de Igualdad sin que estas solicitudes hayan sido atendidas.
