viernes, 27 febrero, 2026

Piden 15 años de prisión para un empresario de Ciudad Real por agredir sexualmente a una empleada con discapacidad

La denunciante trabajaba en la empresa de limpieza del procesado y mantuvo con él una relación sentimental paralela entre 2019 y 2023

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, 3 de marzo, a un empresario acusado de un delito continuado de agresión sexual a una trabajadora de su empresa, que tiene reconocido un 65 % de discapacidad psíquica. La Fiscalía solicita para él una pena de 15 años de prisión.

Según el escrito de acusación, la denunciante trabajaba en la empresa de limpieza del procesado y mantuvo con él una relación sentimental paralela entre 2019 y 2023. De acuerdo con el Ministerio Fiscal, entre julio de 2022 y febrero de 2023 los encuentros entre ambos habrían derivado en relaciones de carácter sexual.

Siempre según la acusación pública, los hechos se habrían producido en distintos lugares, como comunidades de vecinos donde la mujer realizaba su trabajo, la oficina del empresario e incluso el domicilio familiar del acusado, aprovechando la ausencia de su familia.

La Fiscalía sostiene que el acusado, conocedor de la discapacidad de la trabajadora, se habría aprovechado de su situación de especial vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales por vía oral. El informe médico forense recoge que la mujer no se encontraba en condiciones óptimas para prestar un consentimiento libre, debido a su patología psiquiátrica y a su condición de persona influenciable, especialmente ante la figura de su jefe.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 30.000 euros para la víctima, así como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de ella, de su domicilio o lugar de trabajo, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio durante 20 años.

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También reclama la inhabilitación especial durante 20 años para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores, y la imposición de una medida de libertad vigilada durante 10 años una vez cumplida la condena.

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