El Grupo Parlamentario Vox ha reclamado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) una auditoría sobre los costes que supone la atención sanitaria y farmacéutica a inmigrantes en situación irregular dentro del sistema público de salud regional.
La formación ha dirigido su solicitud directamente al director general del Sescam, Alberto Jara, pidiéndole que aclare cuántas tarjetas sanitarias se han expedido a personas sin regularizar su situación legal en Castilla-La Mancha y cuál es su impacto sobre los recursos humanos y materiales de la sanidad pública.
Según Vox, este análisis es necesario para conocer el efecto que esta cobertura tiene sobre un sistema que consideran ya «tensionado», y que arrastra problemas como la falta de personal, listas de espera crecientes y sobrecarga asistencial.
Además, el partido ha exigido información detallada sobre los recientes casos de sarampión detectados en la región, solicitando que se especifique si son casos importados y su procedencia, argumentando que se trata de una cuestión de «seguridad sanitaria».
En un comunicado, Vox también ha condenado los últimos casos de agresiones a profesionales sanitarios registrados en centros de salud de Castilla-La Mancha. La formación denuncia una creciente frecuencia de estos ataques y acusa al Gobierno regional de falta de respaldo institucional hacia los trabajadores sanitarios.
El portavoz del grupo, Iván Sánchez, ha responsabilizado directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, y a su consejero de Sanidad de lo que califica como un «modelo sanitario colapsado», agravado tras el paso de la última borrasca que evidenció, a su juicio, el deterioro de muchas infraestructuras sanitarias en la comunidad.
Vox ha vuelto a exigir que se recupere la carrera profesional sanitaria, paralizada durante el mandato de Cospedal y que, según recuerdan, sigue suspendida bajo el actual gobierno socialista. La formación insiste en que la situación actual requiere medidas urgentes y respuestas claras por parte del Sescam, especialmente en temas que califican de «máxima preocupación social».
