La organización Amnistía Internacional ha presentado ante la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha cerca de 15.000 firmas para reivindicar medidas concretas hacia las víctimas de violencia sexual, recordando que cuenta con 50 días para la apertura de centros de 24 horas de atención integral comprometidos en línea con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual.
Desde la organización señalan que, de los cinco centros comprometidos antes de la finalización de 2024, tan solo está inaugurado el de Albacete, según ha trasladado la propia Amnistía Internacional por nota de prensa.
Además, apuntan que tanto Castilla-La Mancha como el resto de las comunidades autónomas del país ya cuentan con los recursos pertinentes para abrir los centros, ya que los 83 millones de euros destinados por la Comisión Europea ya les fueron transferidos a través del Gobierno de España.
«Que las comunidades autónomas no cumplan con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un tema de voluntad política», ha señalado en este sentido la responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Rafaela Alonso.
Alonso ha cuestionado la voluntad política, confrontándola con un número creciente de denuncias año tras año. «Cada dos horas se denuncia una violación en España», ha añadido.
«En Amnistía Internacional valoramos positivamente que el Ministerio de Igualdad esté presionando a las comunidades para que aceleren la puesta en marcha de estos centros de crisis. Igualmente, consideramos que es una buena noticia, el anuncio por parte de la ministra de que las comunidades que sí los han puesto en marcha no tendrán que devolver el dinero invertido», ha señalado Alonso.
Sin embargo, ha transmitido la inquietud de la organización ya que «por un lado, que una vez más son las víctimas de violencia sexual quienes siguen sin recibir una atención adecuada por la falta de interés de algunas comunidades autónomas. Y, por otro lado, que ante esta situación a partir del 31 de diciembre la atención que reciban estas mujeres será diferente dependiendo del lugar donde se cometió la agresión sexual o de donde viva la víctima».
