El presupuesto de Castilla-La Mancha para 2025 destinará 7.125 millones de euros al estado de bienestar y 3.080 millones de euros al desarrollo económico, por lo que el 76 % del gasto no financiero irá a parar el desarrollo social de la Comunidad Autónoma, lo que supone que siete de cada diez euros se vayan a dedicar a esta materia.
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha indicado que las cuentas del próximo año se enmarcan en un escenario económico regional «positivo» debido a la estabilidad política e institucional con la que cuenta la región.
En su conjunto, los presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año ascienden a un total de 12.716 millones de euros, experimentando así un crecimiento del 1,9 % con respecto al ejercicio anterior y que la Comunidad Autónoma pueda disponer de 242,9 millones adicionales respecto a las cuentas de 2024.
Unos 3.800 millones de euros irán a sanidad, poniendo el acento en tener más profesionales y mejorar la infraestructuras; 2.380 millones a educación, con medidas como el banco de libros y la gratuidad de cero a tres años y 960 millones a servicios sociales, aumentando la red de recursos asistenciales en centros de día y promoviendo que haya 5.000 nuevos usuarios en el servicio de teleasistencia.
DESARROLLO ECONÓMICO
En desarrollo económico, destaca la inversión en la tarifa plana autonónomos o los 1.500 millones de euros para canalizar la actividad empresarial; en transición ecológica se emplearán 402 millones a actividades destinadas a sostenibilidad ambiental o el incremento de un 20 por ciento para nuevas infraestructuras hidráulicas en la región.
Un total de 203 millones de euros irán a la modernización tecnológica, ámbito en el que destaca una partida concreta para la agencia de transformación digital que gestiona 142 millones de euros. Cerca de 430 millones de euros, excluyendo la PAC, irán al sector primario, para el fortalecimiento del mismo en digitalización, aumentando ayudas en la contratación de seguros agrarios y políticas de sanidad animal.
A las mejoras de infraestructuras del transporte y promoción vivienda irán más de 400 millones de euros, de los cuales 200 serán para disponer de un parque inmobiliario suficiente asequible al conjunto de la ciudadanía. La despoblación y su estrategia regional supera los 2.037 millones, que aumenta un 6 por ciento respecto al 2024.
Ruiz Molina ha presentado unas cuentas que tratan de ser comprometidas con la ortodoxia financiera, recogiendo su compromiso con la consolidación fiscal y con la contención al endeudamiento, por lo que se prevé que Castilla-La Mancha tenga una ratio de endeudamiento del 29,7 por ciento, lo que presentaría un punto menos que en 2024.
Los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica copan el 68 por ciento, 7.257 millones; el 17,9 por ciento proviene de transferencias del Estado y de la Unión Europea, como la PAC, esto es, 1.905 millones; el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ocupa un 6,4 por ciento, 683 millones, y el resto de ingresos suponen el 7,7 por ciento, con 826,5 millones.
PREOCUPACIÓN DEL MODELO DE FINANCIACIÓN
Debido al porcentaje que supone el sistema de financiación autonómica, el consejero del ramo ha expresado su preocupación por las «prisas que corren» que sea modificado, siendo Castilla-La Mancha «una de las peor tratadas por el actual modelo». «Se entiende que exijamos, por activa y por pasiva que se hable de manera multilateral, en contra de cualquier negociación bilateral».
«Estas cuentas se han diseñado con el máximo rigor y prudencia, tratando de hacer compatible la congelación y la presión fiscal, favoreciendo el desarrollo económico y el empleo, y que esa riqueza se distribuya de manera justa y solidaria, continuando con la senda del progreso iniciada», ha rematado el titular de Hacienda.
51 MILLONES DE DEUDA
A preguntas de los medios, el consejero ha concretado que el incremento de la deuda previsto para Castilla-La Mancha en 2025 ascenderá a los 51 millones de euros, lo que supone el 0,1 % del PIB. «Es verdad que todos los años tenemos que hacer frente a los vencimientos de la deuda que tenemos viva, pero también que el FMI nos da financiación para refinanciar esas amortizaciones».
Asimismo, ha detallado que se va a destinar el próximo año al pago de la deuda un total de 297 millones de euros, lo que supone un 15,7 % más que el ejercicio precedente y que esto no es consecuencia de un incremento en el endeudamiento sino de un aumento en los tipos de interés.
«Por tanto, en la medida que el Banco Central Europeo esté en una senda de bajada de tipo en estos meses, eso también se tendrá que notar. No de forma inmediata en el 2025, sino en el 2026, por los ‘gaps’ temporales que existen entre las restricciones que adopta el Banco Central Europeo y cómo se transmiten a los mercados», ha resumido.
Sobre dónde se notará la ausencia de mecanismo de financiación europeos, Ruiz Molina ha reconocido que se notará en todas las áreas, pero que no quiere decir que lleguen menos fondos sino que se van ejecutando. «Hemos ejecutado muy deprisa y, en consecuencia, los recursos que vamos a gestionar en el 2025 de este mecanismo son ya una cantidad residual en comparación con lo que veníamos ejecutando en ejercicios anteriores».
Eliminando la inversión procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el prepuesto regional crece un 5,3 por ciento.
Ruiz Molina se ha retrotraído una década, desde que gobierna Emiliano García-Page, para concretar que las cuentas de la Comunidad autónoma crecen un 55 por ciento más que este año, ya que en 2015 ascendían a 8.206 millones.
Tras el registro en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha y la entrega de una copia del borrador por parte del consejero de Hacienda al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido.
A partir de ahora, la calificación en la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la comparecencia del Consejo de Gobierno en comisión, con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año, tal y como han informado las Cortes en un comunicado.
