El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que el preacuerdo entre el PSC y ERC para ceder a Cataluña la gestión del cien por cien de sus ingresos no cristalizará por anticonstitucional.
En rueda de prensa para presentar el techo de gasto que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha estima para 2025, ha bromeado con el hecho de que si sale adelante la estrategia del gobierno en la región catalana, los Consejos de Política Fiscal y Financiera los tendría que convocar la nueva consejera de Economía del Gobierno de Salvador Illa, «porque será Cataluña la que decida el dinero del que va a disponer el resto».
Ruiz Molina ha puesto el acento en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica en una negociación donde participen «todas las comunidades autónomas» y sin permitir «privilegios», como ha su juicio supone el «concierto» pactado en Cataluña.
Castilla-La Mancha seguirá pidiendo un fondo transitorio para las comunidades autónomas infrafinanciadas -Valencia, Andalucía, Murcia y la suya propia-, algo que ve posible y que tasa en 3.000 millones de euros para todas estas autonomías.
Tal y como ha señalado, Castilla-La Mancha rechaza «que sea Cataluña la que decida el nivel de recursos de los que deben disponer el resto de comunidades autónomas»; ya que a tenor del preacuerdo con el PSC, será esta región la que «decidirá» qué va a recibir cada región.
«Los CPFF tendrán que ser convocados por la consejera de Cataluña porque será Cataluña la que decida el dinero del que va a disponer el resto de comunidades autónomas, aunque soy de la opinión de que este acuerdo no se va a llevar a cabo porque es un ataque al principio de igualdad que establece la Constitución, por activa y por pasiva», ha señalado.
