El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado cuenta del techo de gasto propuesto por el Gobierno autonómico para 2025 tras las estimaciones realizadas en cuanto a gestión de tributos y transferencias estatales, un límite de gasto no financiero que se elevará en el próximo ejercicio a 8.315 millones de euros, un 4,5 % más que el presente.
Tal y como ha señalado en rueda de prensa, el trámite ahora es dar cuenta al Parlamento regional para su debate y aprobación, que será entonces el punto de partida para empezar a elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
Del total, se calcula que 7.257 millones de euros vendrán del sistema de financiación, un 88 %; distinguiendo entre las entregas a cuenta de 2025, que crecerán un 11 %; y la liquidación de 2023, «que se reducirá un 50 %» por ajustes derivados de la inflación.
Cerca de 990 millones de euros entrarán en la hucha castellanomanchega por la vía de tributos gestionados de manera autónoma; con una parte de transferencias no condicionadas tanto del Estado como de la Unión Europea.
Otra pieza del puzle será el déficit autorizado, que será del 0,1 % del PIB siempre y cuando sea aprobado en el Congreso de los Diputados.
Un cálculo hecho ante un escenario «positivo» de la economía regional y nacional, a lo que se suma «la contención de la inflación», que con datos del mes de julio cayó al 2,6 %, «por debajo del dato nacional».
Ha querido sumar a la ecuación la «estabilidad política» que hay en Castilla-La Mancha para poder mantener un tablero económico positivo, lo cual permite calcular un crecimiento económico del 2,3 % del PIB en la región.
Preguntado por si Castilla-La Mancha podrá cumplir el compromiso de déficit cero al cierre de 2024, ha dicho que si bien ese es el objetivo, «es difícil de cumplir por un sistema que perjudica» a la región, «y más con decisiones que repercuten en el gasto de las comunidades autónomas».
