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domingo, 17 noviembre
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El Gobierno necesitaría el voto de una sola CCAA para validar en el CPFF un pacto bilateral de financiación con Cataluña

Las 'baronías' del PSOE discrepan de este trato singular, mientras que las CCAA del PP se rebelan ante un posible acuerdo bilateral

El Gobierno necesitaría el voto de una sola comunidad autónoma -que podría ser Cataluña- para validar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un tratamiento singular en materia de financiación para Cataluña, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de votos en este foro multilateral, según explican expertos en financiación autonómica.

El voto de esta comunidad puede ser incluso de Cataluña, que, tras varios años de ausencia en este foto multilateral, volvió a acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 2021 a través del conseller de Economía de por aquel entonces, Jaume Giró.

Durante los cinco años anteriores, Cataluña envió a altos cargos del departamento de Economía, que no tenían potestad de voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque en los últimos años ha decidido que acuda personalmente el consejero, que podría ser decisivo para validar un posible acuerdo bilateral en este foro.

En este contexto, explica que la actual ley no impide que haya negociaciones bilaterales en esta reforma, aunque luego se tenga que someter a la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.

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Y EL GOBIERNO TIENE LA MITAD DE VOTOS

Y en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo habitual es que el Gobierno acabe ganando las votaciones, ya que el Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos, mientras que los representantes de las comunidades y las ciudades autónomas disponen cada uno de ellos de un voto.

En los últimos días, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han abierto la puerta a un trato singular para Cataluña en materia de financiación autonómica.

Eso sí, tal y como está acordada la ley de financiación, para reforma el sistema habría que someter este acuerdo con Cataluña al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que podría salir adelante con el voto del Gobierno y el de Cataluña u otra comunidad.

Sin embargo, la reforma de la financiación autonómica se tendría que materializar a través de una ley orgánica, que se sometería a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación.

LAS FEDERACIONES DEL PSOE, EN CONTRA

Sin embargo, varias federaciones autonómicas del PSOE han exhibido públicamente su rechazo frontal a este tratamiento especial a Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido el más crítico, aunque otras agrupaciones como las de Extremadura también han querido advertir al Gobierno de Sánchez sobre este tema.

Ante la puerta abierta que ha dejado el Gobierno, diferentes ‘baronías’ autonómicas del PSOE han querido mostrar su rechazo a esta propuesta de financiación singular para Cataluña, insinuando que sería una cesión al independentismo catalán para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa.

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En este sentido se ha pronunciado el líder socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha cargado contra esta propuesta de financiación singular para Cataluña porque considera que sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto».

LAS CCAA DEL PP SE REBELAN

Con todo, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han salido en tromba estos días para arremeter contra el planteamiento del Gobierno, insistiendo en una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El primer ‘barón’ autonómico del PP en pronunciarse fue el líder andaluz Juanma Moreno, que quiso dejar claro que tratará de «impedir» que se cometa una nueva «injusticia» con esta comunidad en materia de financiación autonómica, por «cesiones» del Gobierno central al independentismo catalán.

En parecidos términos se refirió el presidente valenciano, el ‘popular’ Carlos Mazón, que ha calificado como una «humillación para todos los españoles» este tratamiento especial al que ha abierto la puerta Montero.

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Además, advirtió que «si se avanza en ese camino y si se concreta en algo», el Consell activará todos los mecanismos que le permita la ley contra esta «deriva inédita de desigualdad».

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