La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha puesto de relieve que todas las mujeres en España tienen derecho a practicar una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital público más cercano a su domicilio, subrayando que la ley «debe ser aplicada y no valen excusas». Así, ha criticado la «rebelión o inacción» de algunas comunidades autónomas ante la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el Congreso el pasado 16 de febrero.
Así se ha manifestado Montero este miércoles en una atención a medios en El Coronil (Sevilla), después de que el Ministerio que dirige haya hecho llegar una carta a todas las comunidades autónomas para que estas garanticen que haya médicos no objetores de conciencia respecto al aborto en los hospitales públicos, incluyendo si es necesario la contratación de médicos. El objetivo de la misiva es garantizar que todas las regiones lleven a cabo «urgentemente» las medidas relacionadas con la Vigilancia de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En esta línea, la ministra ha afeado la «rebelión» ante la ley de gobiernos «de extrema derecha, como Castilla y León o Madrid, que plantean rebelarse contra las leyes que no les gustan, como la de la vivienda o el aborto». «Tampoco vale la inacción de gobiernos como el de Castilla-La Mancha, que dicen que no saben cómo van a poder hacer efectiva la ley», ha apostillado.
«Es necesario articular los registros de objetores de conciencia, y en base a ello organizar las plantillas para que siempre haya personal suficiente en todos los hospitales públicos para realizar interrupciones voluntarias del embarazo», ha aseverado, subrayando la necesidad de «hacer compatible el derecho constitucional de objeción de conciencia del personal sanitario con el derecho constitucional y fundamental de las mujeres a su salud sexual y reproductiva».
Por último, Montero ha recordado a todas las mujeres que el derecho al aborto «es un derecho fundamental que reconoce todo el país, a excepción de la derecha». «Todas las mujeres pueden exigir a las comunidades autónomas poder abortar en los hospitales públicos más cercanos a su domicilio», ha concluido.
