El Gobierno ha incluido en el real decreto de medidas económicas que aprobó este martes la prórroga para 2023 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2022, situado en 1.000 euros mensuales, a la espera de que el Ministerio de Trabajo acuerde con los agentes sociales la cifra para el próximo año.
Tras la reunión celebrada la pasada semana entre el departamento de Yolanda Díaz y los sindicatos CCOO y UGT (CEOE declinó asistir y envió su propuesta por escrito), que se cerró sin acuerdo, el Gobierno ha dado por hecho que la cifra definitiva del SMI de 2023 no se cerrará hasta el próximo año.
Por ello, el real decreto-ley aprobado ayer prorroga de cara a 2023 la vigencia del SMI de 2022 «durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del salario mínimo interprofesional», según reza en el texto de la norma.
El Ejecutivo entiende preciso garantizar la «efectiva participación» de los agentes sociales en la fijación del SMI en un contexto social y económico «de especial dificultad», dando así continuidad a la senda de crecimiento de esta variable en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito europeo e internacional.
Pero dada la previsión de falta de acuerdo a 31 de diciembre, cuando el SMI de 2022 deja de producir efectos, el Gobierno afirma que concurren razones de «extraordinaria y urgente necesidad» que hacen «ineludible mantener transitoriamente su vigencia a partir del 1 de enero (de 2023)».
«Se garantiza de este modo la seguridad jurídica y se da continuidad a la función del salario mínimo interprofesional de servir de suelo o garantía salarial mínima para las personas trabajadoras», subraya el Ejecutivo en el decreto.
De esta forma, se prorroga el SMI de 2022 de manera «temporal» y hasta que se apruebe el decreto que lo fije para el año 2023 en el marco del diálogo social y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Precisamente este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado en que «se intentará» que a lo largo del primer trimestre del año que viene se consiga un acuerdo en materia del Salario Mínimo Interprofesional.
PROPUESTA DE LOS EXPERTOS Y POSTURAS DE LOS AGENTES
El Gobierno tiene ya sobre la mesa el informe de los expertos, que recomiendan una horquilla de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023, así como su revisión a los seis meses para evaluar su suficiencia en un contexto de elevada inflación.
CCOO quiere que suba desde los 1.000 euros actuales por catorce pagas a entre 1.082 euros y 1.100 euros, lo que supondría un alza porcentual de entre el 8,2% y el 10%. UGT, directamente, pide llevar el SMI hasta los 1.100 euros y CEOE y Cepyme plantean un incremento del 4%, hasta los 1.040 euros mensuales.
De momento, el Ejecutivo no ha puesto sobre la mesa ninguna cifra, aunque lo normal es que, como ocurrió en 2022, se guíe por las sugerencias realizadas por los expertos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere pactar la subida con los agentes sociales, aunque la CEOE no está por la labor de pactar un alza superior al 4%.
Sumar a los empresarios será complicado. No sólo han puesto condiciones para subir el SMI un 4% en 2023, sino que consideran rotas las relaciones con Trabajo después de que la Ley de Empleo incluyera una enmienda que permitirá a la Inspección de Trabajo controlar las causas alegadas por las empresas en los despidos colectivos.
En todo caso, haya o no acuerdo con los sindicatos o con ambas partes, la subida del SMI de 2023 tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del próximo año.
