El 44 por ciento de las masas de agua subterráneas españolas, de las que se abastece el 30 por ciento de la población se encuentra en mal estado, según denuncia Greenpeace, que exige a las Confederaciones Hidrográficas y a los gobiernos «del color que sean» que empiecen a tomarse este problema nacional en serio para evitar «serios apuros» en el futuro en el abastecimiento de la población.
La ONG ha presentado este martes el informe ‘Sos Acuíferos’ en el que radiografía las 804 masas de agua subterránea que hay en España y que concluye que el 44 por ciento de ellas se encuentra en mal estado.
El estudio concluye, según la cofundadora y responsable de proyectos de Datadista, Ana Tudela, que el 14 por ciento de todas las masas de agua se encuentra en mal estado, de acuerdo con el análisis realizado a los documentos presentados en los planes de tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027), pendientes de su aprobación definitiva.
Tudela ha precisado que esto supone tener un total de 353 masas de agua subterránea en mal estado que en extensión superan los 140.000 kilómetros cuadrados, lo que abarca a casi el 40 por ciento de su superficie total.
Por otro lado, el estudio apunta que se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural del 27 por ciento de las masas de agua subterráneas, por lo que están en mal estado cuantitativo.
Además, ha destacado que el 30 por ciento presenta mal estado químico, es decir que tienen un nivel de contaminación superior a los niveles máximos permitidos para la salud humana, sobre todo por nitratos, pero también por plaguicidas o metales. Asimismo, el 14 por ciento se ha declarado en mal estado por ambas causas, cuantitativas y cualitativas o químicas.
Tudela ha agregado que incluso entre las masas de agua en mal estado algunas cuentan con varias figuras de protección ambiental, como las Tablas de Daimiel o Doñana, lo que en su opinión refleja que en España las administraciones «ni siquiera» han sido capaces de preservar las de mayor valor ambiental.
Por ejemplo, ha atribuido a la apuesta por el olivar en regadío en Andalucía el hecho de que la cuenca del Guadalquivir tenga al 28 por ciento de sus masas de agua con contaminación química y el 37 por ciento en mal estado.
Por otro lado, el estudio ha constatado que el 22 por ciento de estas no dispone de sensores piezométricos para contabilizar y conocer su estado real.
Finalmente, ha indicado que todas las cuencas presentan un «estado preocupante» aunque el mal estado de los acuíferos es generalizado. En concreto, el mal estado de los acuíferos llega al 37 por ciento en la cuenca del Ebro; al 85 por ciento en la del Guadiana; al 52% de las masas en el Guadalquivir; al 69 por ciento en el Segura; al 47 por ciento, el Júcar y en el 29,6 por ciento de las masas en el Duero.
En ese sentido, el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea, responsabiliza a la agricultura y a la ganadería intensiva e industrial al deterioro actual de las masas de agua.
Por ello, ve «evidente» que España ha descuidado y sigue descuidando sus aguas subterráneas. «Este descuido llevará a graves problemas en el abastecimiento humano. En España, según el Gobierno, el 30 por ciento de la población se abastece con aguas subterráneas. En la cuenca del Duero, por ejemplo, el 67 por ciento de los núcleos de población se abastece exclusivamente de agua subterránea, lo que, según Barea, «significa que el mal estado químico y cuantitativo puede afectar de manera directa al agua del grifo y dejarlos definitivamente sin agua».
En resumen, para la ONG las principales causas tras este problema «nacional» son la contaminación por nutrientes, las macrogranjas, los pesticidas y plaguicidas, la intrusión y la contaminación salina, así como la sobrexplotación del recurso por el regadío intensivo, pues la agricultura consume «más del 80 por ciento» de los recursos hídricos.
Para Barea el Ministerio para la Transición Ecológica «no está haciendo nada» mientras en España se consume todos los años las reservas de agua estratégicas que consume una población de 118 millones de personas y recuerda que Greenpeace denunció esta situación en 2019 pero acusa al departamento de Teresa Ribera de dar «la callada por respuesta» y de apenas cerrar una cantidad ridícula de pozos dada la magnitud del problema.
«O las Confederaciones Hidrográficas y los gobiernos, del color que sean, empiezan a tomarse este problema en serio o, de seguir con las mismas políticas de despilfarro, agresión y contaminación del agua, este país puede encontrarse en los próximos años con serios apuros para abordar el abastecimiento», ha apostillado.
Por ello, Greenpeace pide una «verdadera transición hidrológica justa que responda al actual contexto de cambio climático»; reducir el consumo de agua del regadío intensivo e industrial; incluir a los ciudadanos en la gestión del recurso; establecer caudales ecológicos científicamente establecidos; cerrar más de un millón de pozos ilegales en toda España; potenciar la agricultura ecológica y aumentar el presupuesto para la gestión forestal.
