La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, a pesar de que así lo exige la normativa comunitaria y del expediente abierto en Bruselas desde 2018.
«A pesar de algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva», según ha informado el Ejecutivo comunitario.
En su examen, Bruselas considera «insuficientes» las medidas tomadas hasta la fecha en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y reclama «medidas adicionales» para que todas ellas puedan alcanzar los objetivos fijados por la directiva sobre nitratos.
Además, la Comisión reclama a las autoridades españolas que revisen la situación de siete regiones — Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana — y sigan designándolas zonas vulnerables a los nitratos.
También pide incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid.
El expediente por el que Bruselas acude ahora a la Justicia europea s remonta a noviembre de 2018, cuando los servicios comunitarios abrieron formalmente el procedimiento de infracción contra España con el envío de una carta de emplazamiento pidiendo más información.
La falta de soluciones llevó a la Comisión a pasar a la segunda fase del expediente sancionador en junio de 2020, con el envío de un dictamen motivado demandando más explicaciones y cambios en la situación, pero tampoco sirvió para resolver el litigio.
Bruselas sostiene que la directiva sobre nitratos es una de las «piedras angulares» de la legislación de la Unión Europea que afecta a las aguas y ha sido diseñada para reducir la contaminación por nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevos riesgos de contaminación.
De acuerdo a esta norma, los Estados miembro tienen la obligación de controlar sus aguas e identificar cuáles están contaminadas o podrían estarlo en el futuro por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Las autoridades también están sujetas a la obligación de calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa.
Según un reciente informe publicado por la Comisión Europea el pasado octubre, España se encuentra en el grupo de países de la Unión Europea con la peor calidad del agua en su territorio y con un «problema sistémico» para gestionar la contaminación causada por los nutrientes procedentes de la actividad agraria.
El documento indica que «algunos Estados miembros deben adoptar medidas adicionales urgentes» para lograr los objetivos establecidos en la directiva de nitratos y apunta en particular a España, Bélgica, República Checa, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania, por ser los que están «más lejos» de estas metas.
