El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para 2022, un trámite esencial para la elaboración de los presupuestos regionales del próximo año y que ascenderá a 7.577 millones de euros, 15 millones más que el de 2021, por lo que ha quedado prácticamente congelado, como ya avanzó el Gobierno la semana pasada.
Así lo ha comunicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, donde ha explicado que el techo de gasto de 2022 está realizado con un déficit del 1,1 por ciento.
El consejero ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page, dio dos premisas para la elaboración del techo de gasto y los presupuestos: mantener congelada la presión fiscal y que «en ningún caso» pudiera haber una reducción de la capacidad de gasto que implicara recortes en el presupuesto para 2022.
Asimismo, ha indicado que a partir de este miércoles se podrá dar trasladado de este límite de gasto no financiero a las Cortes regionales para que sea debatido y aprobado, espera, con el apoyo unánime de los distintos grupos políticos ya que «aquí no hay más que datos absolutamente objetivos de lo que la Comunidad espera gestionar».
Según ha dicho, la aprobación de este techo de gasto es un «paso más» para que el presupuesto esté en vigor el 1 de enero de 2022, al tiempo que ha asegurado que Castilla-La Mancha va a seguir reclamando un fondo COVID similar al que hubo en 2021.
NO HABRÁ RECORTES
Además, ha dejado claro que «en ningún caso» el presupuesto para 2022 con este techo de gasto va a suponer «ningún tipo de recortes», sino todo lo contrario, «vamos a poder disponer de unos presupuestos que generen empleo y que van a seguir apostando por el fortalecimiento del estado del bienestar», ha abundado Ruiz Molina.
Ha explicado que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se comunicó a las comunidades autónomas que se continuaba con la suspensión de las reglas fiscales para 2022, lo que significa que no hay un objetivo de déficit a cumplir sino una tasa de referencia. Las comunidades también conocieron los recursos provenientes del sistema de financiación para 2022, las conocidas como entregas de cuentas, así como de las transferencias que con carácter extraordinario va a realizar la Administración del Estado a las comunidades autónomas en el próximo ejercicio.
A renglón seguido, ha desgranado que los ingresos propios no financieros ascienden a 5.885 millones de euros, reduciéndose respecto al ejercicio anterior en un 4,7 por ciento. Respecto a las entregas a cuenta, en función de las previsiones que tiene el Ministerio, crecerá para Castilla-La Mancha en un 6,3 por ciento.
«No tan positiva» -ha advertido- es la previsión de liquidación del ejercicio 2020, ya que en el año 2020 las entregas a cuenta se realizaron a las comunidades autónomas como si no hubiera crisis, y la liquidación del 2020 es de menos 350 millones de euros. Dicho esto, ha insistido en que esa liquidación negativa no supone para la región una bajada de 637 millones de euros y ha hecho hincapié en la importancia de acometer cuanto antes un sistema de financiación que satisfaga las necesidades de Castilla-La Mancha.
En cuanto a las novedades en el límite de gasto no financiero con respecto al 2021, el responsable de las finanzas autonómicas ha destacado unas transferencias extraordinarias que pone el Estado a disposición de las comunidades. Por ejemplo, no hará falta que Castilla-La Mancha devuelva los 350 millones de euros que el Estado ha pagado de más, algo, no obstante, ha avisado, «insuficiente» para el efecto negativo que tienen las entregas a cuenta.
También el consejero ha señalado que la ministra se comprometió a incluir en los Presupuestos Generales del Estado la deuda que tiene con las comunidades autónomas como consecuencia de la modificación que se hizo en 2017 con el Gobierno de Rajoy en relación con el IVA. A Castilla-La Mancha -estima Ruiz Molina- le corresponderán 142 millones de euros.
Finalmente, ha aclarado que en este techo de gasto no se ha incluido ninguna cuantía en relación con el mecanismo de recuperación y resiliencia.
