Un total de 68 refugiados afganos han llegado a Castilla-La Mancha en los últimos días, en el marco del programa de Protección Internacional del Gobierno de España. Estas personas son acogidas en recursos del Estado, -centros propios del Ministerio de Inclusión-, o financiados por el mismo y gestionados por entidades.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado este jueves en un balance de la denominada Operación Antígona que el dispositivo temporal de tránsito de Torrejón atendió a 2.181 personas evacuadas de Afganistán, ha informado en nota de prensa la Delegación del Gobierno en la región.
De los 68 llegados a Castilla-La Mancha, 30 han sido acogidos en centros de la provincia de Ciudad Real, 20 en centros de la provincia de Guadalajara y los 18 restantes en centros de la provincia de Toledo.
Son, en su conjunto, 14 familias, en las que el 31% del total de derivados a esta región (21 de 68) son menores, y un 44% (30) son mujeres. La edad media de los refugiados afganos llegados a esta Comunidad Autónoma es de 21 años.
BALANCE GLOBAL
En la presentación del balance, el ministro ha subrayado el esfuerzo que se ha realizado para la atender a las personas evacuadas en 17 vuelos aterrizados a lo largo de 9 días en la base de Torrejón.
Desde la Delegación del Gobierno han destacado que el Ejecutivo central ofrece a las familias solicitantes de protección internacional «las condiciones de acogida más idóneas para cada caso, dentro de las cuales recorrerán un itinerario de inclusión personalizado».
Así, las derivaciones a las plazas de acogida del Gobierno central a cada comunidad autónoma se han llevado a cabo tras realizar entrevistas a las familias evacuadas y determinar qué recursos eran los más adecuados para cada caso.
Entre otras cuestiones, se analizan sus necesidades especiales, la existencia de posibles redes familiares cercanas y la disponibilidad del número de plazas necesarias para cada unidad familiar en el momento de la derivación.
La finalidad del sistema de acogida del Estado es «facilitar la progresiva autonomía de las personas acogidas y su inserción social y laboral» para lo que su atención se estructura en dos fases. La primera, de acogida, con una duración mínima de seis meses, prevé su residencia en plazas del sistema. La segunda, de preparación para la autonomía, se encarga de proporcionar ayudas para cubrir las necesidades básicas.
A lo largo de todo el proceso, «se trabaja con itinerarios de integración individualizados, que se evalúan y adaptan a la persona refugiada» y que se traducen en una serie de prestaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su inclusión: alojamiento y manutención; información y orientación social; intervención social; ayudas económicas; asistencia jurídica; asistencia psicológica; traducción e interpretación y orientación y formación para el empleo.
