El Gobierno Sánchez, a través de su ministra de Hacienda, juraba y perjuraba hace ahora un año que no habría subida de impuestos para las clases medias y las clases trabajadoras, y ahora, a la hora de enviar sus propuestas a Bruselas, resulta que son esos grupos sociales, precisamente, los más afectados/perjudicados de la reforma fiscal que propone, es decir, son los “paganos” de la misma. Si bien es verdad que no creo que los ciudadanos españoles se hayan quedado muy sorprendidos después de las continuas mentiras e incumplimiento de compromisos que el Gobierno Sánchez ha utilizado durante la formación de Gobierno y durante la pandemia. Reincidencia que por muy frecuente que sea, no deja de ser una falta de respeto a todos los ciudadanos.
No podemos perder de vista que Sánchez y su socio podemita tienen, entre sus objetivos, incrementar la recaudación en España en cerca de 70.000 millones de euros al año, “justificándola” en que la presión fiscal en nuestro país es menor que la que hay en Europa, después de Portugal, Italia y Grecia, argumento que como ya tuvimos ocasión de comentar en algún artículo anterior, es falso: no se puede mirar lo que pagamos en función del PIB, sino en función del esfuerzo fiscal, es decir, lo que a cada uno le cuesta pagar en función de lo que realmente gana. Ello sin olvidar el gran peso que en la determinación de la presión fiscal tienen la economía sumergida, la elevada tasa de paro que hay en España y la menor renta personal con respecto a Europa. Pues bien, esta subida de impuestos la proyectan en plena crisis económica y sanitaria, mientras que en Europa hacen lo contrario: bajan los impuestos y, con ello, nos hacen perder nuestra capacidad competitiva y ellos la mejoran.
Después de las ocho presentaciones que Sánchez ha hecho del Plan de Recuperación, sin decir otra cosa que generalidades y darse autobombo, al fin ha detallado cuales son sus planes para la reforma fiscal que pondrá en marcha en 2023, que ha enviado a Bruselas y que afectará a casi todos los contribuyentes, en distinta medida, pero incluyendo a trabajadores, clases medias y ricos. Las figuras impositivas que ha propuesto reformar afectan a sociedades, sucesiones, patrimonio, cotizaciones sociales, IVA, transporte en avión, gasóleo de uso doméstico, diésel, envases de plástico, aire acondicionado, incineración de residuos, y peajes en todas las carreteras. De aquí que nos preguntemos ¿Hay algún impuesto que no vaya a subir? ¿De cuáles se quedan liberados las clases trabajadores y las clases medias que prometiera la ministra Montero?
Se da, además, la circunstancia de que todas esas medidas fiscales propuestas las ha elaborado el propio Gobierno sin consultarlas con el Congreso, ni con los agentes sociales y ello pese a que el Comisario de Economía de la UE haya dicho públicamente que es muy conveniente que los planes propuestos estén consensuados con todas las partes implicadas porque han de ser un “proyecto nacional”. Estas cuentas, sin embargo, han de ser llevadas al Congreso en 2022 si quiere que entren en vigor en el primer trimestre del año 2023. Su asesor para elaborarlas ha sido un comité de expertos que esperamos sea más cierto y verdadero que el comité de expertos que había creado para la Covid-19 el que, como todos sabemos, no existía. Este comité de expertos designado por el Ejecutivo tiene de plazo hasta el inicio del año 2022 para remitir sus conclusiones.
Me sorprende mucho y creo que también a muchos españoles que mientras el Gobierno sube los impuestos, el gasto estructural sube un 2%. O lo que es igual, el Gobierno sigue gastando sin dar una muestra siquiera de reducir los gastos, mientras que a nosotros, los ciudadanos, nos “fríe” a impuestos. No hubiese estado mal que, junto a esta propuesta de subida fiscal a los ciudadanos, hubiese habido otra propuesta de reducción del gasto del Gobierno, incluyo aunque hubiese sido meramente simbólica, como por ejemplo la reducción de algún/os que otro/os ministerios.
El tiempo que media entre su propuesta a Bruselas y su aprobación/rechazo en el Congreso suponemos lo empleará para concienciar a la población de la necesidad de la medida y lograr que no se generalice ni profundice la repulsa a sus medidas, y ello lo está intentando hacer a través de globos sonda que hoy dicen una cosa y mañana la contraria, creando el desconcierto. Sirva de ejemplo el caso de una de las propuestas fiscales que en estos días está generando polémica y que el Gobierno ha hecho llegar a Bruselas: la posibilidad de cobrar por el uso de cualquier carretera (peaje). Primero dice que lo está pensando, luego que ya lo tiene pensado, a continuación que podría ser “escalable y progresiva”, es decir, que, inicialmente, se cobre solo en la red de alta capacidad (autovías) pero que, después, se pueda extender, de forma progresiva, a otras redes y dejando así abierta la puerta para que cualquier carretera pueda ser de peaje, y por último, ayer en el Senado el ministro Ábalos afirma que no se pondrá ese impuesto si no hay consenso político. ¿Con cual de esas informaciones nos quedamos teniendo en cuenta que todas han salido del Gobierno? ¿Es que acaso puede proponer hoy a Bruselas una cosa y retirarla dentro de unos meses? Sin duda es un ejemplo más del desgobierno y falta de eficacia de Sánchez que todo lo amaña en su propio provecho electoral olvidándose de los españoles que son los que han de pagar y sufrir sus continuos vaivenes.
