La situación de la economía española es verdaderamente motivo de preocupación, pese a los mensajes esperanzadores del Gobierno, y no creo que sea bueno negar la realidad, confundiendo los deseos con los hechos. Considero que el primer remedio para curar una enfermedad es reconocer y aceptar su existencia. Y estos hechos son que los ingresos, los gastos y el endeudamiento están por los suelos: la recaudación ha caído de una forma espectacular, los gastos no paran de crecer y la deuda pública ha crecido hasta el 120% del PIB.
El Gobierno, como todos los malos economistas, piensa que la única solución es aumentar los impuestos mediante una reforma fiscal que se haga en “profundidad” en la que se retoquen todas las figuras impositivas de la economía española y, para ello, viene calentando motores con el fin de aplicar el “impuestazo” en 2021, con lo que “de paso” satisface los compromisos adquiridos con sus socios de investidura (ERC) y de gobierno (UP). Esta reforma incluye la armonización de los tributos cedidos a las comunidades, todas excepto el País Vasco y Navarra, que están protegidas por sus conciertos en el marco del fuero constitucional.
En esta hoja de ruta figura, entre otras, la subida de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, impuestos que fueron cedidos a las Comunidades Autónomas, excepto al País Vasco y a Navarra, mediante Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Cesión que se hizo con el fin de lograr que las entidades regionales asumieran la responsabilidad y el posible desgaste ante los ciudadanos de cobrar los impuestos y no solo pedir y recibir del Estado central. Esta cesión se hizo dando a las Comunidades Autónomas capacidad normativa para fijar reducciones, tipos impositivos y bonificaciones de algunos de los impuestos cedidos, entre los que se encuentran el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones que tienen transferidos al 100%, por ello, con el paso de los años, unas cobran más y otras cobran menos a sus ciudadanos o lo que es igual unos ciudadanos pagan más que otros según en la Comunidad donde vivan, pues unos gobiernos autonómicos aplican bonificaciones o exenciones y otros no los aplican o lo hacen con menor cuantía, según su propio criterio.
A primera vista parecería lógico que se acometiera una reforma para que todos paguen igual pero se nos suscita una pregunta ¿Por qué se han de igualar los que pagan menos con los que paguen más? ¿No sería más lógico, por ser más beneficioso al ciudadano, que las Autonomías que cobran más dejen de cobrar esa demasía y que sus ciudadanos fuesen los beneficiarios de la rebaja? lo normal es que se trate de extender y difundir las cosas que son buenas y no las que son malas.
Se da la circunstancia, además, que estos impuestos no existen en la mayoría de los países de la OCDE. Así el de Patrimonio solo está vigente, dentro de la UE, en Bélgica. Fuera de la Unión, únicamente se encuentra en Suiza y Noruega, dos economías que, por su menor tamaño, no son comparables con la española. Su casi completa extinción es la mejor prueba de que Patrimonio es un impuesto anacrónico. En caso del impuesto sobre Sucesiones no se aplica en la mitad de los países de la UE (en 15 Estados de los 27) o es residual ya que su recaudación no alcanza el 0,1% del PIB.
Lo cierto es que cada Comunidad, desde las competencias que tiene por ley, ha ido adoptando aquellas medidas fiscales que le han parecido más oportunas para sus ciudadanos. Decisiones que repercuten en bolsillo de sus contribuyentes. El resultado es que, por lo general, en aquellas comunidades que están gobernadas por partidos de centro-derecha se pagan menos impuestos, y en las que está gobernadas por la izquierda o algunos nacionalistas se paga más.
Veamos algunos ejemplos: En el caso de los impuestos de Sucesiones las CC.AA. donde está más alto es en las de Asturias, Castilla y León y Comunidad Valenciana, mientras que está a “cero” en Andalucía, Cantabria y Galicia. Así si un ciudadano hereda de sus padres un piso valorado en 160.000€, si vive en Madrid pagará 22€, pero si vive en Cataluña, Asturias o Valencia habrá de pagar 2.200€.
En cuanto al impuesto de Donaciones hay bonificaciones del 100%, es decir, no se paga nada, en Cantabria, y del 99% en Andalucía, Madrid y Murcia, frente a Cataluña y Galicia en las que oscila entre el 5 y el 9%.
En el impuesto de Patrimonio, que afecta a los contribuyentes que tengan más de un millón de euros, en la Comunidad de Madrid no han de pagar nada, frente a Navarra donde pagan un 1%; en el País Vasco un 2,5%; y en Extremadura un 3,75%, siendo las CC. AA. que lo tienen más elevado: Aragón, Extremadura y C. Valenciana.
Como conclusión, lo que el Gobierno Sánchez pretende es premiar a los malos gobernantes y castigar a los buenos en detrimento del bolsillo de los ciudadanos y todo por cumplir sus compromisos de la moción de censura con ERC y Unidas Podemos.
