El Gobierno de Castilla-La Mancha baraja la posibilidad, si las circunstancias lo permiten, de «solapar» la vacunación del grupo 3 (personal sanitario y sociosanitario que no son de primera línea pero que tienen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas) y del grupo 4 (grandes dependientes) de la primera etapa, con el grupo 5 que es el formado por las personas mayores de 80 años.
Así lo ha anunciado el director general de Salud Pública, Juan Camacho, durante la comparecencia parlamentaria que ha tenido lugar este jueves en las Cortes para informar sobre la tercera ola de la COVID en la región, en la que ha estado acompañado del director general de Asistencia Sanitaria del Sescam, José Antonio Ballesteros.
Camacho ha asegurado que el «cuello de botella» de la región en este proceso de vacunación «sigue siendo la disponibilidad de vacunas», sobre esto «poco podemos hacer», ha reconocido el responsable sanitario, quien ha recordado que tanto las dosis como las frecuencias de envío vienen determinadas a nivel central y en ocasiones «nos llevamos desagradables sorpresas» porque hay «un detrimento» en el número de dosis sobre lo previamente establecido.
No obstante, ha insistido en que en las próximas semanas, y de acuerdo a esta llegada de vacunas, se procederá a la vacunación de los grupos 3 y 4 de la primera etapa. También, y de acuerdo a lo establecido en los consensos últimos a nivel nacional, existe el compromiso de iniciar «lo antes posible», e incluso «solapar» con esta vacunación de grupos 3 y 4 de la etapa 1, a lo que se denomina ya el grupo 5 que es el formado por las personas mayores de 80 años.
«La idea es solapar de la manera más sensata y más fluida posible la vacunación de estos 3 grupos priorizando aquellos más vulnerables», ha manifestado.
De otro lado, Camacho ha afirmado que si las circunstancias lo permiten y Castilla-La Mancha dispone de dosis suficientes, la región tiene «capacidad logística y de recursos humanos y de estructura es suficiente» para haber vacunado a un 70 por ciento de su población este verano.
Respecto a la vacunación, el director general de Salud Pública ha defendido que el stock de seguridad ha permitido no parar la vacunación «en ningún momento». «Todas las semanas, de momento, se ha seguido vacunando en primeras dosis y todas las semanas se han asegurado las segundas dosis de las personas vacunadas», ha dicho.
Hasta la fecha, se han recibido en la región un total de 101.655 dosis de vacuna, de las marcas Pfizer y Moderna, de las cuales se han administrado a fecha de hoy 98.940, alcanzándose la cifra de 28.597 personas a las que se ha administrado la pauta completa de Pfizer.
Camacho ha recordado que, debido a causas ajenas, y conocidas, sobre la inicial estimación de disponibilidad, se reciben a lo largo de tres semanas un total de 2.535 viales menos de la vacuna.
«Este hecho, conocido con la planificación ya hecha y la operativa en marcha, nos ha obligado a realizar ajustes en las acciones previstas. No obstante, y pese a ello, se alcanza según las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Sanidad, un porcentaje de 87,6 por ciento dosis administradas sobre las recibidas, siendo la segunda Comunidad con una cifra más elevada en ese apartado».
TEST DE DETECCIÓN
En cuanto a los test para detectar el COVID, Camacho ha asegurado que a ningún facultativo de la región se le ha dicho que «haga menos test». En este sentido, ha subrayado que en este ámbito hay dos tipos de estrategias: «una que se podría denominar tipo ametralladora y otra tipo francotirador». La ametralladora –ha incidido– es «disparar indiscriminadamente y a ver si doy algo» y la otra es la de francotirador que «es rastrear cada caso y aplicar de una manera más adecuada todos los recursos». «Nosotros hemos elegido la estrategia basada en la trazabilidad de casos», ha destacado Camacho.
A este debate surgido a colación de que el PP volviera a pedir la realización de test masivos en la región, se ha unido el director general de Asistencia Sanitaria del Sescam para decir que allá donde un profesional ha demandado la utilización de un test lo ha tenido. Precisamente, ha informado de que Castilla-La Mancha tiene 700.000 test almacenados.
En esta comisión también se ha conocido que durante los meses de diciembre y enero han fallecido en Castilla-La Mancha un total de 1.042 personas, un 89 por ciento de ellas con una edad superior a los 70 años. «Cuando veo las cifras de fallecidos que tenemos todos los días se me revuelve el estómago», ha confesado el director general de Salud Pública.
Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria del Sescam ha recordado que los Planes de Contingencia han permitido incrementar la capacidad de hospitalización convencional hasta las 5.257 camas, muy por encima de la ocupación que se llegó a alcanzar al cierre del año pasado. «El servicio público de salud está en tensión sin ninguna duda pero saturado no está», ha defendido.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno ha acusado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, de ser un «consejero a la fuga» por no asistir a las comisiones y ofrecer explicaciones.
Así, ha recordado que la de hoy es la segunda comisión que se celebra en el Parlamento autonómico para analizar los efectos del coronavirus después de 11 meses de pandemia.
Además de esto, Moreno ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que «cambie la estrategia» para frenar los contagios en la región, ya que la actual «no está funcionando».
Por su parte, el parlamentario del PSOE José Antonio Contreras ha destacado que el Gobierno de Emiliano García-Page «no ha escatimado recursos» en la lucha contra el COVID-19, si bien ha lamentado la actitud del PP por querer «poner zancadillas en lugar de apoyar».
El portavoz socialista ha aplaudido que las medidas tomadas por el Ejecutivo autonómico para frenar la expansión del virus en la región han sido «eficaces», lo que se evidencia en la reducción del número de contagios.
Tras destacar el esfuerzo del Gobierno regional, el parlamentario socialista ha pedido «huir de la demagogia y los discursos vacíos» y, a este respecto, ha considerado que se echa en falta la «lealtad institucional» de los partidos de la oposición, que ha señalado que sí se está dando en otras comunidades autónomas y entre países.
Por parte de Ciudadanos ha intervenido su diputada Úrsula López, quien ha dicho que tiene la impresión de que el Gobierno regional «tiene más prisa en vender los éxitos que en vender las noticias negativas», algo que considera peligroso. «Queremos que a los ciudadanos se les informe de forma transparente» y que se les diga que «las camas de UCIs superan la ocupación muy por encima de lo que los profesionales pueden atender con seguridad», ha advertido.
Asimismo, López se ha vuelto a interesar por el nuevo hospital de Toledo. «¿Por qué sigue cerrado?», se ha preguntado la diputada de la formación naranja, quien ha lamentado que las medidas se han tomado un mes tarde, algo que ha supuesto «unas consecuencias dramáticas y en algunos casos irreversibles». «Les pedimos que aborden el problema con antelación y busquen soluciones a tiempo».
Por último, la diputada de Ciudadanos ha lamentado el «descontrol» que hay con el plan de vacunación y que la falta de previsión en las dosis de vacunas haya obligado a retrasar la segunda dosis a los profesionales sanitarios. «Han entrado las comunidades en una guerra del cien por cien y se han olvidado contar con la segunda dosis», se ha quejado.
