La Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha -que se constituyó a propuesta de Ciudadanos el día 22 de julio de 2019- ha llegado a su fin con un documento conjunto aprobado por PSOE, PP y Ciudadanos tras más de 13 sesiones a lo largo de este «complicado» año debido a la pandemia.
Su presidenta y alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha valorado que se haya logrado el objetivo que perseguía la comisión, que era conseguir el acuerdo de todos los grupos parlamentarios en un tema «que es bueno» para los castellanomanchegos y la ruralidad.
Ha dado las gracias a los 47 comparecientes que han pasado por la comisión por haber ayudado a los grupos a elaborar este documento final. «Hemos tenido sesiones entre el 11 de febrero y el 20 de octubre, hemos estado aquí el mes de agosto trabajando y ahora demostramos que las navidades tampoco han impedido que nos centráramos en el objetivo que nos marcábamos al principio, que fue que en este año tuviéramos un documento elaborado», ha señalado.
Este documento, que espera que se tenga en cuenta en la futura ley de despoblamiento de Castilla-La Mancha, será elevado a la Presidencia de la Cámara para su posterior inclusión en un pleno de las Cortes, donde serán ponentes Carmen Picazo (Ciudadanos), Benjamín Prieto (PP) y Francisco Pérez Torrecilla (PSOE).
La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha advertido que si el documento no tiene un respaldo real presupuestario y unas políticas que respondan a estos objetivos, será un texto «muy bonito» pero que tendrá «poca efectividad».
Picazo ha dicho que hay que tomarse «muy en serio» este documento y hay que hacer políticas efectivas y transversales, es decir, tienen que afectar a todas las consejerías. Así, ha agradecido a los ponentes su implicación y ha pedido el compromiso presupuestario al Gobierno.
«UN MENSAJE DE ESPERANZA»
De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto también ha agradecido «la entrega e ilusión» de los ponentes porque «han venido a traernos lo mejor y un mensaje de esperanza». Ha señalado que el reto de la despoblación es un problema de hace tiempo pero «no queremos que sea un problema para el tiempo», ha apuntado.
Ha coincidido con la diputada de Ciudadanos en que son necesarios recursos para poner en marcha las aportaciones del documento y ha asegurado que en el presupuesto regional de este año 2020 ya se deberían haber incluido medidas más concretas para luchar contra la despoblación. Finalmente, ha confiado en que en 2021 muchas de las medidas contempladas en el documento se puedan poner en marcha.
Por su parte, el socialista Francisco Pérez Torrecilla se ha felicitado por el hecho de que en esta comisión los tres grupos parlamentarios hayan sido capaces de dejar a un lado sus «rivalidades políticas» y hayan logrado aprobar conjuntamente un «buen documento».
Un documento que espera que sea recogido por la ley que ya prepara el Gobierno, un gobierno que está «muy implicado» en la lucha contra la despoblación «con una serie de actuaciones que ya se llevan a cabo», pero que «se van a ver reforzadas con estas aportaciones», ha concluido.
SOBRE EL DOCUMENTO
Las principales conclusiones que se extraen de las 47 ponencias se pueden agrupar en diferentes capítulos, que básicamente se clasifican en tres ámbitos, económico, social y territorial, aunque existen una serie de cuestiones que tienen un carácter más transversal.
Entre estas cuestiones cabe señalar la revisión del modelo de financiación autonómica y local debe incluir criterios en los que se tenga en cuenta el coste real de los servicios prestados; incentivos fiscales, del conjunto de las administraciones públicas, para hacer frente a la despoblación; y utilización de los fondos Estructurales y de Inversión Europeos y de los fondos Next Generation EU para afrontar el reto de la despoblación.
El documento, de 24 páginas, también destaca la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las actuaciones; simplificación normativa y administrativa para erradicar frenos al desarrollo de proyectos; incorporar el impacto demográfico en la elaboración de las leyes y reglamentos, contemplando las necesidades y circunstancias del mundo rural; o la colaboración público-privada.
Diseñar una Estrategia estatal y regional contra la despoblación, definición de las zonas rurales de prioridad demográfica, teniendo en cuenta la gravedad e intensidad del problema demográfico; incorporar criterios de discriminación positiva y medidas de apoyo específico en las zonas rurales afectadas por la despoblación; eliminar estereotipos y poner en valor el medio rural; aumentar la gobernanza de los proyectos del mundo rural; aprovechar las potencialidades que da el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al mundo rural; la economía sostenible y las fuentes de energía alternativa y la conectividad y tecnología en la recuperación demográfica son otras de las cuestiones que recoge el texto.
Castilla-La Mancha cuenta con un total de 919 municipios, y el intervalo más representativo son los municipios de menos de 2.000 habitantes, que son el 80% del total, en concreto 739 municipios, donde tan solo vive el 15% de la población regional. Estos municipios de menos de 2.000 habitantes son los que más sufren los efectos de la despoblación, la baja densidad, saldo vegetativo negativo, el envejecimiento, la masculinización o la desertización.
La región se muestra como un territorio con fuertes desequilibrios demográficos. En 69 pueblos no hay ningún habitante menor de 20 años y 202 municipios no tienen ningún niño de entre 0-4 años. En 72 pueblos de Castilla-La Mancha la población de más de 75 años supera el 50% de la población total.
