Castilla-La Mancha tiene ya «listos» los centenares de proyectos que va a presentar a los fondos Next Generation de la Unión Europea –que afectarán a todos los ejes previamente establecidos– y cuyo desarrollo supondrá varios miles de millones de euros en inversiones para la Comunidad Autónoma.
«Nosotros tenemos una actitud positiva», ha admitido Fernández, que ha precisado que el Gobierno regional no medirá sus expectativas «tanto en el porcentaje de dinero» que le den «sino en la seriedad a la hora de tomar decisiones y que no se produzcan agravios que no tengan explicación».
Al respecto, ha subrayado que Castilla-La Mancha va a «defender con uñas y dientes» sus proyectos y aunque espera que haya «elementos equilibradores» y con criterios de país, confía en que también se tenga en cuenta «el interés de los mismos», de tal manera que «sean proyectos motores y proyectos palanca, que más allá de dónde se hagan supongan un cambio de todo el país en su conjunto».
Preguntada por la posibilidad de que el reparto de los fondos genere desacuerdos entre comunidades autónomas, Fernández desvela que su intuición le dice «que posiblemente sí», y que vendrán «posiblemente, como siempre, de los independentistas».
SI HAY AGRAVIO A C-LM «LO SEÑALAREMOS»
A su juicio, aunque el reparto «fuera justo e ideal», todo lo que reciba Cataluña «será criticado por una parte de la derecha en la Comunidad de Madrid u otras», de ahí que haya incidido en que Castilla-La Mancha defenderá los intereses regionales «sin hacer demagogia».
«Cuando veamos un agravio real, lógicamente lo señalaremos, pero no vamos a buscar la confrontación por la confrontación», ha incidido Fernández, que ha destacado que sin renunciar a lo que consideren «injusto» para la Comunidad Autónoma, no van a ir a un elemento de confrontación política «porque nos interese electoralmente».
Junto a esos proyectos europeos, entre los objetivos que maneja el Gobierno para 2021 figura la lucha «contra la peor pandemia que ha sufrido este país y buena parte del mundo en los últimos cien años», pero también recuperar «todas las inversiones comprometidas» en el programa electoral, sobre todo en materia sanitaria, así como en dependencia y atención a las personas más vulnerables.
Otra «estrategia esencial para esa nueva Castilla-La Mancha, ese nuevo modelo productivo y sostenible», será la apuesta y el impulso por la transición energética en los próximos años, tanto en hidrógeno, eólica como solar. «Vamos a captar muchos más fondos que los previstos en el presupuesto, muchísimos más, porque va a haber una colaboración público-privada muy potente», adelanta la portavoz autonómica.
LEY ANTIOKUPACIÓN
De otro lado, Fernández ha admitido que «probablemente sean escasas» las probabilidades de que la Proposición de Ley antiokupación –aprobada en las Cortes este jueves– sea tomada en consideración por el Gobierno debido a la «presión que ejerce Podemos» pero se ha mostrado convencida de que ese debate hay que abrirlo y hacerlo «con bisturí».
Ha defendido el trabajo «serio» que se ha realizado hasta llegar al texto definitivo que se enviará al Gobierno de España. «Nosotros teníamos que cumplir con nuestra obligación, aquí hay un problema, un problema muy evidente que afecta a otros lugares», ha subrayado, asumiendo que, al margen del resultado, «hay que meter el bisturí a los problemas que tiene este país».
Por ello, ha resaltado la importancia de abrir este debate y no hacerlo con el «trazo grueso» con el que se afrontan todos los debates en una sociedad «absolutamente polarizada», ya que «no merecen estar en el mismo saco, bajo ningún concepto, ni siquiera a la hora de enunciar un problema» la situación de una familia que se queda sin ingresos por una situación concreta que alguien que da una patada en la puerta o «se permite el lujo de realquilar viviendas que no son suyas».
«Hemos tomado la decisión con la esperanza de que se abra un debate, un debate serio que no mezcle asuntos que son muy distintos», ha incidido, consciente de que margen de maniobra «no hay» por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha si el texto no se aprueba y reseñando que la pretensión ha sido en todo momento «ser útiles y leales a la ciudadanía y al Gobierno de España».
Respecto a la posibilidad de hacer frente común con otras comunidades autónomas afectadas por este problema, entiende que si buscan que los asuntos «se traten de manera seria» no pueden hacer «demasiadas alharacas sino un debate sereno y pedagógico». «No nos hemos planteado una estrategia de comunidades autónomas contra el Gobierno, no creo que sea ni el contexto ni el momento ni desde luego en este momento la manera de afrontar el debate».
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por otra parte, respecto al futuro debate de financiación autonómica, Blanca Fernández ha apostado por una «reflexión de país», que sea «compartida» y abordando el problema «de arriba a abajo».
«Vamos a hacer una reflexión del país que queremos y vamos a medir hoy en pleno siglo XXI, a cuánto tiempo tiene que estar una persona de un centro de salud, de un hospital, una escuela, una residencia, a qué nivel de bajar al territorio podemos llegar con servicios esenciales como teleasistencia, ayuda a domicilio».
A su juicio, primero hay que ver «qué servicios queremos prestarle a la ciudadanía y cómo hacemos para que llegue al mayor nivel posible de personas, con independencia de dónde vivan. «Si la reflexión empieza por ahí, ójala fuera posible, la confrontación sería posiblemente evitable», ha precisado Fernández.
En términos generales, la Comunidad Autónoma seguirá defendiendo que el peso poblacional «tenga determinados elementos correctores, que hoy los tiene, pero que tienen que mejorarse» y eso necesita «una financiación especial, no ‘ad hoc’, pero sí especial», y tener en cuenta la realidad de la despoblación. A ello hay que añadir que la factura COVID derivada de la pandemia es en la región el doble de la media nacional «y eso tiene que tener compensación».
En cualquier caso, es consciente de que afrontar debates de financiación autonómica «es siempre muy complejo, porque hay agravios y todo el mundo siente que tiene agravios», algo que en un momento de crisis «se agudiza mucho más».
Respecto a la alianza que en este asunto han sellado los gobiernos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, ha negado que esto tenga algo que ver «con una estrategia para que la oposición tenga problemas» en la Comunidad Autónoma, ya que «con independencia de la ideología del presidente, donde hay problemas similares tiene que haber soluciones muy similares».
