El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado autorización al Gabinete Jurídico para el ejercicio de la acción popular en el procedimiento judicial abierto por la muerte de la vecina de Ciudad Real Nancy Paola Reyes, que fue asesinada presuntamente por su pareja en Santander.
Según ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en aplicación del artículo 35 de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación popular, tal y como hace «siempre» en los casos de asesinatos machistas porque «entendemos que es nuestra obligación política y moral», ha dicho.
«Es nuestro compromiso», ha insistido Fernández, y más en este caso, ya que se trata de una familia que no cuenta con recursos económicos ni con red familiar ni apoyo social.
La consejera ha dejado claro que la violencia machista no es un problema del ámbito privado y por eso, ha asegurado, las administraciones públicas «tienen que adquirir un compromiso firme, siempre y en todo momento» ante esta lacra social.
