El Gobierno ha aprobado este viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar.
Así lo ha avanzado sobre las 12,00 horas de este viernes el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de Twitter, poco antes de la rueda de prensa programada para explicar los detalles de esta medida, en la que está previsto que comparezca junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Si bien, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.
Asimismo, según este borrador, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.
También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
INCENTIVO AL EMPLEO
Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un «incentivo» al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.
Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. Podría complementarse, además, con otras prestaciones de las comunidades autónomas.
Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un «test de riqueza». Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual.
Según indicó la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, en un debate organizado por Oxfam Intermón este lunes, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es «reducir la pobreza severa en torno a un 80%» en España.
GESTIÓN POR LAS CCAA
En cuanto a la negociación con las comunidades autónomas el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la «cogestión» del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.
También está dispuesto a asumir la gestión del ingreso mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que «no se entendería» que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias, una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra porque «ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas».
Igualmente se ha quejado por esta decisión la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que en todo caso ha considerado «arriesgado» que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
