El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando si el nuevo órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma –el antiguo Síndico de Cuentas– que quiere recuperar, podría ser un órgano colegiado con la presencia de los partidos políticos como existe en otras comunidades autónomas.
Así lo ha avanzado en una entrevista a Europa Press el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha señalado que la Ley que creará este órgano ya está en tramitación y se han elaborado los primeros borradores.
«Me gustaría que pudiera entrar en este periodo de sesiones, si no entrara en este, sería al siguiente», ha indicado el consejero, quien ha defendido es «más eficaz» recuperar este órgano de control externo de la política financiera regional –dependiente de las Cortes– que depender del Constitucional, ya que tiene muchas dependencias y no puede entrar al detalle.
Bajo el punto de vista del consejero, lo que está potenciando la Administración regional es recuperar un órgano que dependiendo de las Cortes y dedicado «exclusivamente» a las finanzas de la Comunidad Autónoma será «mucho más eficiente, mucho más eficaz».
«Estamos reforzando la función de control que tenemos sobre el Ejecutivo», ha dicho, para defender que lo que pretende el Gobierno es que se le controle toda la actividad económica y financiera, no por que lo esté haciendo mal, sino porque de esos análisis y auditorías se obtienen conclusiones para mejorar el día a día en la administración de los recursos que dependen de los ciudadanos.
Aunque ha apuntado el titular de Hacienda que el nombre que se le dé es lo de menos, «Sindicatura de Cuentas o Cámara de Cuentas», ha afirmado que se trata de un «importante órgano de control externo» que refuerza la capacidad de autogobierno.
Sobre si se verá recogido en el nuevo Estatuto de autonomía, lo ve difícil, ya que ha señalado que hay grupos como el PP, que fue quien lo suprimió en la época de María Dolores de Cospedal, debería mostrarse en contra por coherencia.
No obstante, se ha mostrado esperanzado en que en cuanto se hable con los grupos políticos y se entre al detalle de las bondades y los beneficios que para el control del Legislativo sobre el Ejecutivo tiene un órgano de estas características, «lo más lógico es que dijeran que sí porque se estará favoreciendo ese control».
