Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una resolución conjunta de PSOE, PP y Ciudadanos en la que las tres formaciones políticas, por unanimidad, demandan que el Gobierno regional traslade al Ejecutivo central que desbloquee «de manera inmediata» el problema de las entregas a cuenta que se adeudan a los ayuntamientos y comunidades autónomas en general, y a esta región en particular, y que atienda la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La negociación entre los tres grupos parlamentarios ha dado como resultado un texto en el que se demanda, además, que se liquide totalmente el IVA del ejercicio 2017, que también se adeuda, y que se aborde el sistema nacional de dependencia y la deuda pendiente con la Comunidad Autónoma desde 2012.
Además, las tres fuerzas políticas quieren que se dé prioridad a la reforma del modelo de financiación autonómica con criterios «objetivos, rigurosos, equilibradores y solidarios» y que contemple la «necesaria» armonización de los tributos que corresponde gestionar a las comunidades autónomas.
En este sentido, demandan impulsar, en el propio seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las negociaciones para alcanzar un acuerdo que apruebe un nuevo modelo que corrija la actual infrafinanciación de la Comunidad Autónoma y que haga posible que Castilla-La Mancha pueda recuperar el dinero perdido estos años.
El acuerdo ha llegado una vez terminado el debate sobre los anticipos a cuenta pendientes de la financiación autonómica por parte del Estado y su incidencia en los servicios públicos de Castilla-La Mancha, que ha presentado el Partido Popular, y al que los grupos acudían con resoluciones independientes.
CS: «DEJACIÓN DE FUNCIONES» DEL GOBIERNO
El diputado de Cs David Muñoz ha arrancado su intervención criticando un sistema de financiación que incluye extremos como el cupo vasco que, a su juicio, «fomenta las desigualdades», y ha insistido en que las zonas más extensas de la región tienen más dificultades para financiar sus servicios públicos, por lo que tienen que tener más peso en el sistema de financiación.
«PP y PSOE piden aquí mejor financiación, pero en el Congreso apoyan las propuestas del PNV para blindar el cupo vasco», ha criticado Muñoz, quien ha sugerido a ambos partidos que insten a sus parlamentarios nacionales a que nunca apoyen un sistema de financiación que fomenta las desigualdades.
El diputado naranja ha criticado la «dejación de funciones del Gobierno en funciones» asegurando que «no es verdad» que el Estado no pueda atender las necesidades de financiación o pagar sus deudas con las comunidades autónomas, que el caso de Castilla-La Mancha asciende a cerca de 360 millones de euros.
«Cuando se quiere, se puede. No estamos hablando de dinero, sino de lo que paga este dinero, que son los servicios sociales», ha recordado desde la tribuna. Muñoz, no obstante, ha asegurado que siempre encontrarán una mano de consenso en su formación cuando se quiera alcanzar, y ha añadido que si el PSOE «no intenta blanquear a su jefe», no dudarían en apoyar su resolución a este debate.
PP: «ALZAR LA VOZ CONTRA SÁNCHEZ»
Por parte del Partido Popular ha sido su presidente, Paco Núñez, quien ha asumido la portavocía en este debate afeando al presidente regional, Emiliano García-Page, que no estuviera presente en el pleno, donde ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, «por no estar cumpliendo su obligación, por poner en riesgo la financiación de las comunidades autónomas y mentir haciendo un uso torticero de las instituciones del Estado».
Además, ha emplazado a García-Page a decidir «si quiere poner en riesgo la viabilidad de los pagos a los colectivos sociales de la región si o no o si quiere poner en riesgo la financiación de la sanidad en Castilla-La Mancha si o no».
«Si la respuesta es que no, tiene que alzar la voz contra el Gobierno de Sánchez y exigirle de manera inmediata que abone los 360 millones de euros de los pagos a cuenta a Castilla-La Mancha y convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder debatir y regular el estado de la financiación autonómica», ha continuado el líder del PP.
Dicho esto, ha afirmado que el de Sánchez es un gobierno «irresponsable» y no puede seguir sin pagar los vecinos de Castilla-La Mancha lo que le deben «por un puro tacticismo electoral».
PSOE: «BUSQUEMOS SOLUCIONES PERO NO ENREDEMOS»
De su lado, el presidente del Grupo Socialista, Fernando Mora, ha recordado que el sistema de financiación se tendría que haber cambiado en 2014 «pero el gobierno del PP no lo hizo», por lo que el retraso para regular este tema es de diez años, de los que Sánchez apenas gobierna uno.
Dicho esto, ha admitido que 360 millones de euros «no son baladíes» y que a quien más le interesa que le paguen es al presidente de Castilla-La Mancha y los ciudadanos de la región, por lo que van a presentar una Proposición de Ley con carácter urgente para que se corrija este tema y se autorice al Gobierno en funciones a poder hacerlo.
Sobre la petición del PP para que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el socialista ha destacado que este órgano no tiene capacidad para resolver la situación. «Si aquí lo que venimos a hacer es dar solución a las cosas busquemos soluciones pero no enredemos, que enredar es muy fácil», ha reseñado Mora, que ha pedido a los ‘populares’ que vengan «con los esquemas prefijados».
«Esta cuestión lleva mucho tiempo pendiente pero no puede seguir pendiente, por eso nos tenemos que poner de acuerdo y no utilizar el Parlamento», ha concluido Mora, que ha reclamado un sistema de financiación justo y equitativo. «Espero que en eso estemos de acuerdo porque hasta ahora siempre aquí ha habido sus más y sus menos», ha subrayado.
«LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VERÁN AFECTADOS»
El debate lo ha cerrado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha defendido la «coherencia absoluta» que ha mantenido siempre el Gobierno de Emiliano García-Page con independencia de quién haya gobernando en cada momento, algo que no puede decir –ha destacado– del Partido Popular, que en enero de 2018 congeló las entregas a cuenta de ese ejercicio, con la diferencia de que, ahora, además de faltar los presupuestos, el Ejecutivo está en funciones.
En cualquier caso, Ruiz Molina ha querido dejar claro que pese a esta situación «no hay riesgo de que los servicios públicos se puedan ver afectados» en la región –«los recortes no se van a producir» en esta Comunidad Autónoma, ha aclarado– aunque sí aumentará «el de incumplimiento del déficit porque incurriremos en gastos que no tienen la necesaria financiación».
Sobre la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha manifestado que no tiene «inconveniente» en que se convoque, «pero debe servir para algo», recordando que este órgano «no tiene capacidad de solución» y no tendría utilidad que se cite «para poner a parir a la ministra por parte de los consejeros del PP».
