El PP y Ciudadanos en Castilla-La Mancha han criticado al Gobierno regional por la aparición de un informe del Tribunal de Cuentas relativo a la contratación llevada a cabo en el sector público regional en los años 2016 y 2017, mientras que desde la Junta han destacado que dicho informe «no pone en entredicho» la legalidad y la transparencia de estos procesos.
En primer lugar, la secretaria general del PP castellano-manchego, Carolina Agudo, ha manifestado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «se ha gastado 1.000 millones de euros en colocar y contratar, en dos años, a sus amiguetes», algo que ha calificado como «una auténtica vergüenza». Una actuación que, ha apuntado la secretaria regional, «el Tribunal de Cuentas señala que se ha hecho de manera irregular y, posiblemente, ilegal».
Son, ha concretado, «653 en contratos públicos, sin acreditar urgencias» y que han supuesto «otro auténtico pufo» de un Gobierno socialista.
«Cuando Núñez sea presidente», ha asegurado Agudo, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a «investigar lo que ha sucedido, depurar responsabilidades y, si es necesario, ponerlo en manos de los tribunales».
CS CALIFICA EL INFORME DE «DEMOLEDOR»
De su lado, la candidata de Cs a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Carmen Picazo, ha calificado de «demoledor» dicho informe y ha insistido en que «lo más grave es que se utilizan procedimientos que facilitan la adjudicación a dedo, los pliegos de cláusulas son genéricos y limitan la competencia, lo que evita que se seleccione a la mejor empresa».
Para la candidata de la formación naranja es alarmante que se «hayan aceptado ofertas presentadas fuera de plazo, se hayan utilizado tramitaciones de urgencia o emergencia sin acreditar los motivos, haya deficiencias y falta de control en la aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos y se hayan modificado contratos sin ajustarse a la ley», según ha informado la formación naranja en nota de prensa.
Picazo ha recordado, también, que «en su día el Tribunal de Cuentas enmendó también la plana a Cospedal por contrataciones realizadas en 2013» y ha lamentado que «las irregularidades en la contratación pública hacen que sea más útil tener el número de teléfono de un político que una buena idea de negocio y aumentan el gasto público sin que repercuta en el bienestar de los ciudadanos».
LA JUNTA DEFIENDE QUE HA HABIDO LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
Finalmente, el Gobierno regional ha incidido en que la contratación pública se ajusta a los principios de legalidad y transparencia, que el Tribunal de Cuentas no pone en entredicho en el informe sobre esta materia, que ha publicado en su página web.
Según ha informado la Junta en nota de prensa, el Tribunal de Cuentas señala, en el caso de Castilla-La Mancha, que solo ha examinado 68 contratos de los más de 3.000 formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, que se ajustan a la legalidad y, en relación a la tramitación administrativa de los mismos, ha hecho algunas observaciones.
Por otra parte, desde el Gobierno autonómico han apuntado que el informe indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia «de manera destacada» en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.
«El Tribunal de Cuentas también reconoce el cumplimiento por parte del Gobierno regional de las observaciones remitidas en informes anteriores», ha añadido.
