A pesar de los más de 700.000 desahucios ejecutados en nuestro país desde el inicio de la crisis, de que la inmensa mayoría de esos desahucios han sido consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, basados en una legislación en muchos de sus aspectos pre constitucional, y manifiestamente ilegal en otros muchos, asegún la normativa europea vigente, a pesar de todo, no hemos tenido conocimiento de la reunión de ninguna Sala Judicial que estudiase la validez de dicha legislación, que ha sido sistemáticamente refutada y modificada gracias al TJUE en cada una de sus resoluciones dictadas al respecto.
No es la primera vez que desde el Tribunal Supremo emanan sentencias o acuerdos que, después tienen que ser rectificadas por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido (por cierto, siempre a la parte más débil) o actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del abuso. Recuérdese la sentencia de la Sala de lo Civil nº 241/2013 de 9 de mayo, sobre las cláusulas suelo, limitando la restitución de lo indebidamente cobrado por la banca a la fecha de la sentencia. Teniendo que ser el TJUE en sentencia de diciembre de 2016 el que restituyera el daño provocado por el Tribunal Supremo, al ratificar por enésima vez que no se pueden moderar las cláusulas abusivas, que hay que tenerlas por No puestas. Todo ello, sin olvidar las cuestiones prejudiciales en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado y la de intereses de demora.
El acuerdo de suspensión de los recursos ordenada por el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo reconoce en sus propios términos, que la decisión se toma por su «enorme repercusión económica y social«, sin señalar fundamento jurídico alguno que justifique esa decisión sin precedentes, según distintos juristas de reconocido prestigio.
Por eso, desde la PAH exigimos que el Pleno de la Sala convocado para el próximo día 5, no haga otra cosa que confirmar las sentencias ya conocidas, confirmando la obligación de los prestamistas al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al prestatario esa obligación.
Pero no es esto lo único que nos preocupa. Se está tramitando en el Congreso la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el ex ministro y banquero De Guindos, que es un nuevo intento de moderación y blanqueo de cláusulas abusivas, y lamentablemente, el PSOE, de momento, está manteniendo varios de esos intentos de blanqueo, entre otras de la de vencimiento anticipado, cuando aún estamos pendientes de la decisión del TJUE al respecto, que además se producirá en breve.
Desde la PAH interpelamos al PSOE para que no ratifique las propuestas del PP en esta materia y garantice todas las medidas propuestas en defensa de los deudores hipotecarios, advirtiendo que, si no se modifica el texto actualmente defendido por Cs, PP y PSOE, podrían reactivarse miles de procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente suspendidos, con el consiguiente aumento de los desahucios.
