Las 14 comunidades autónomas que tienen afectados por el fraude de iDental han acordado este jueves un protocolo de actuación con el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, por el que facilitarán a los pacientes copia de los historiales médicos que tenían en estas clínicas dentales ‘low cost’ y remitirán copia digitalizada al Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga la causa.
Es la principal conclusión de una reunión que han mantenido representantes de las áreas de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de todas las comunidades a excepción de La Rioja, Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla, para aunar esfuerzos de coordinación de cara a la investigación de esta macro causa, que ha dejado cientos de miles de afectados -en torno a 400.000 según las primeras estimaciones- por todo el país.
En concreto, según han ido explicando a los medios al término de la reunión los representantes de distintas comunidades autónomas asistentes, en Andalucía la cifra de afectados ronda los 90.000, que serían 42.000 en Cataluña, 200.000 en la Comunidad Valenciana y 12.000 en Aragón. No obstante, son cifras globales de pacientes de iDental en estos territorios, la magnitud real del problema verá la luz cuando se procesen todos estos historiales médicos.
Se trata de la primera reunión de estas características que se celebra en la Audiencia Nacional, algo que han destacado los asistentes, y obedece a la complejidad y la magnitud de esta causa para la que ya hay abiertas 200 piezas con diligencias de investigación en distintas provincias, piezas que podrían llegar a superar el millar.
UNA OFICINA PARA CENTRALIZAR LA INVESTIGACIÓN
El subdirector de inspección de servicios sanitarios de la consejería de salud de Andalucía, Blas García, ha puesto en valor este esfuerzo y ha destacado asimismo que en la reunión, a la que también han asistido representantes del Ministerio de Justicia y la Fiscalía, se les ha informado de la puesta en marcha de «una oficina específica para este caso» donde se van a centralizar tanto las investigaciones -pues además de delitos contra la salud pública se investigan delitos económicos-, como la información de los pacientes.
Según ha explicado, en su comunidad la cifra de afectados estaría entre las 80.000 y las 90.000 personas de todas las provincias menos Huelva y Jaén, aunque el Ejecutivo regional aún no ha tenido acceso a los expedientes médicos de iDental y la cifra puede variar. La consejería desplegará puntos de atención en todos los territorios con daminificados y las historias médicas se centralizarán en los hospitales.
Por su parte, en la Comunidad Valenciana, donde hay alrededor de 200.000 sin que la Consellería haya terminado de revisar todos los historiales, pues parte de ellos siguen bajo custodia policial o judicial. Allí operaban cinco clínicas y las que más afectados habrían dejado se encontraban en las ciudades de Valencia y Alicante. Recomiendan a los afectados dirigirse a las dependencias de Sanidad a pedir su historia médica para así facilitar la clasificación de los damnificados, tal y como ha explicado la directora General de la Alta Inspección Sanitaria en la región, María Victoria Garrido.
MILES DE POTENCIALES AFECTADOS
De parte de Cataluña, la subdirectora general de Inspección de Asistencia Sanitaria y Farmacéutica de la Generalitat, tras tildar la reunión de «muy provechosa», ha explicado que los esfuerzos ahora están dirigidos a recopilar los historiales clínicos «para lo más rápidamente posible, entregárselos al juez», al tiempo que se trabaja para facilitar a los afectados la presentación de denuncias y se mantienen conversaciones con las entidades financieras «para que los pacientes puedan terminar sus tratamientos en otros centros».
En Murcia y Aragón la situación es similar. Los gobiernos regionales trabajan para recopilar la información, digitalizarla y remitirla a la Audiencia Nacional. En el primer caso, se cuentan 22.000 clientes de iDental de los que ya han reclamado entre 600 y 700. En el segundo, el Ejecutivo aragonés ha computado 12.000 pacientes en las clínicas y un total de 800 que ya habrían presentado queja.
La Audiencia Nacional inició la instrucción sobre iDental el pasado 26 de julio a raíz de una denuncia presentada por afectados en Andalucía y ordenó un día después una operación policial con registros en 17 clínicas de 8 comunidades autónomas en los que se incautó información societaria e historiales de pacientes. De la Mata investiga al grupo empresarial por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Esta clínica ‘low cost’ se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía con ellos un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, «los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos».
