La licitación de obra pública nueva ha caído en Castilla-La Mancha un 97% en la última década –un 38% en el último año-; mientras que la obra civil de mantenimiento desciende un 64% en el mismo periodo, si bien en este caso se elevó el pasado año un 84% con respecto a 2016.
Así se desprende de un informe realizado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) que precisa en cuanto a obra pública nueva que en el año 2007 el gasto se colocó en 2017 en 28 millones de euros en la Comunidad Autónoma, 17 menos que el año anterior y muy lejos de la inversión realizada en 2007, cuando el total ascendía a 878 millones.
En el caso de licitaciones públicas de rehabilitación, en 2007 el gasto escaló hasta los 453 millones de euros, dato que en 2017 se quedó en 161, frente a los 87 de 2016.
43 ACTUACIONES EN CASTILLA-LA MANCHA
Seopan ha identificado en Castilla-La Mancha un total de 43 actuaciones en curso, ocho de ellas en carreteras, 33 relativas al ciclo del agua y dos más de tratamiento de residuos, todas ellas por un montante de 2.393 millones de euros.
Así, en materia de carreteras, son ocho las actuaciones detectadas. El tramo de la A-40 para unir la circunvalación de Toledo con Ocaña, de 33 kilómetros; cuatro tramos de la A-32 entre Linares y Albacete, todos ellos en redacción y que acumulan 77 kilómetros; y la conexión entre Ciudad Real y Toledo desde Consuegra por la N-401 pasando por Urda, todavía en redacción y con 22 kilómetros de longitud.
Recoge también en este análisis la conexión entre Albacete y Cuenca, también en redacción y con un total de 163 kilómetros; y la prolongación de la CM-45 (Autovía del IV Centenario) desde Granátula de Calatrava hasta la A-32, con 35 kilómetros.
Además, en el ámbito ferroviario, contempla la unión de la capital de España hasta la frontera portuguesa, con 129 kilómetros castellano-manchegos.
Entre las 33 actuaciones en infraestructuras hídricas recogidas en el informe de Seopan suman más de 495 millones de euros entre obras de abastecimiento, conducciones y depuración.
Destacan en este capítulo la tercera conducción de la Mancomunidad Aguas del Sorbe en Azuqueca de Henares por 50,5 millones de euros; depuradoras en el ámbito de Picadas y en la cuenca del Tajo en la provincia de Toledo por 36 millones; o la modernización de la zona regable del Canal Bajo del Alberche por 30 millones.
CONCLUSIONES
La patronal de la construcción considera a tenor de los datos de este estudio que España necesita invertir en actuaciones prioritarias del ciclo integral del agua, de medioambiente, de salud y educación, de accesibilidad y movilidad urbana, de transporte interurbano y logísticas 114.000 millones de euros en los próximos años.
Es imprescindible según Seopan un pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas para la aprobación de un plan general de infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios de rentabilidad económico-social, establezca las prioridades y su financiación.
Al ritmo inversor actual se tardaría 136 años en realizar las infraestructuras prioritarias de medio ambiente, 40 años en realizar las de transporte y ciclo integral del agua, y 7 años para recuperar el déficit inversor acumulado en las de salud y educación, según los cálculos de la organización.
Las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión en infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos en opinión de la patronal.
«No asumir este desafío inversor no es una alternativa responsable, pues los efectos de no afrontar la realización de las infraestructuras prioritarias, aparte del pago de multas que podrá imponer la UE por incumplimiento de nuestros compromisos en depuración de agua y medioambiente, se traducirán en pérdida de competitividad, afectando a sectores clave como el turismo y las exportaciones, pérdida de impulso económico y de empleo, y reducción de los ingresos fiscales, repercutiendo todo ello negativamente en el bienestar social de todos los ciudadanos», consideran desde Seopan.
Además, sugieren que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas «deben valerse de otras fuentes de financiación extrapresupuestarias para la realización de sus planes de inversión en infraestructuras, impulsando de forma decidida las fórmulas de colaboración público-privada, cada vez más extendidas entre los países más desarrollados, aprovechando las circunstancias favorables existentes en los mercados financieros y el marco legal que ofrece la nueva Ley de Contratos del Sector Público».
