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miércoles, 6 noviembre
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El PSOE de Albacete pide la dimisión de Echániz

El secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Manuel González Ramos, ha pedido hoy la dimisión del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, después de conocerse que el «dimitido» gerente del Hospital de Hellín (Albacete), José Luis Sánchez Plaza, continua en su puesto semanas después de haber presentado, supuestamente, su dimisión.

Ramos ha realizado esta petición instantes antes del comienzo del Comité Ejecutivo Provincial ordinario que se celebraba esta mañana en la sede socialista de Albacete y que servía para aprobar nueve resoluciones políticas de distinta índole, han informado los socialistas en rueda de prensa.psoe-albacete

El secretario provincia ha centrado su intervención en la defensa de la sanidad pública «porque es uno de los problemas más acuciantes que tienen los ciudadanos», ha argumentado, al tiempo que ha manifestado su «perplejidad» ante la decisión de Echániz de cerrar «una de cada cuatro camas disponibles en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha».

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

«Queremos que haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de esta tierra y que todo el mundo tenga acceso a la sanidad que se merece», ha subrayado, para calificar como una «auténtica barbaridad» el caso del gerente del centro hospitalario hellinero «que fue capaz en mayo de desplazar un equipo de profesionales para operar a su madre, que reside fuera de esta Comunidad».

En este sentido, ha afirmado que Echániz «mintió» al decir que el gerente había dimitido. «No hay derecho a que en un día se resuelva el problema de la madre de un gerente y el resto de los ciudadanos tengan que esperar para que le realicen una prueba diagnóstica, un TAC o una intervención quirúrgica», ha agregado.

En este punto, González Ramos ha asegurado que las listas de espera en intervenciones de este tipo «se han multiplicado por tres respecto a mayo de 2011» y las pruebas diagnósticas «por cuatro». «Parece ser que hay una sanidad de primera y de segunda, de primera si eres amigo o familiar del director, del gerente o de alguna personas allegada a Cospedal, y de segunda para el resto de ciudadanos», ha añadido.

REAPERTURA DE CAMAS

De ahí que el Comité Ejecutivo del PSOE haya aprobado en su resolución «la petición al Gobierno de Castilla-La Mancha la reapertura de las camas cerradas en los diferentes servicios de encamación hospitalaria y de cuidados críticos, así como la contratación de personal sanitario necesario para atender las enfermedades y problemas de salud de los ciudadanos».

El encuentro de esta mañana, al que ha asistido más de un centenar de representantes socialistas de la provincia, ha servido asimismo para aprobar el posicionamiento contrario del PSOE provincial a la concesión de permisos por parte del Gobierno regional para investigaciones y prospecciones por ‘fracking’.

Inma Delgado Fotografía New Born

Al respecto, González Ramos se ha preguntado «cómo se le ocurre autorizar a la presidenta de Castilla-La Mancha este tipo de exploraciones en el entorno de Las Lagunas de Ruidera cuando se trata de una técnica tremendamente dañina para las aguas subterráneas».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

El Comité socialista ha aprobado también exigir al Gobierno la retirada del anteproyecto de Ley de reforma de la administración local, «vendida como un supuesto ahorro de 8.000 millones de euros que lo único que pretende es quitarle autonomía a los municipios», ha apuntado Ramos.

También ha aprobado la exigencia de retirada del proyecto de la LOMCE, la oposición a la modificación de la ley de interrupción del embarazo, su oposición a la congelación de las tasas universitarias y la introducción de medidas de fraccionamiento y aplazamiento de matrículas y la no modificación de los requisitos para obtener becas.

También se ha mostrado a favor de la ampliación de los presupuestos relacionados con investigación y desarrollo, de la defensa de políticas de desarrollo rural participativo y, finalmente, de la instancia al Gobierno para que realice los ajustes necesarios para que la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad «sea efectiva» en el país.

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