El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha manifestado que, si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra las 35 horas, «con carácter inmediato habrá que reintroducir las 37,5 horas en todo el sector público regional».
A preguntas de los periodistas sobre el recurso, en la rueda de prensa para presentar los actos del IV Centenario de la muerte de Cervantes en la provincia de Albacete, Martínez Guijarro ha calificado esta decisión de «despropósito» porque va a implicar «la reorganización de servicios, que tenían su planificación hecha para todo el año».
Según ha explicado, la jornada de 35 horas está contemplada desde el punto de vista presupuestario en la Ley de Presupuestos que se aprobó la semana pasada en las Cortes de Castilla-La Mancha y ese anuncio del recurso de inconstitucionalidad, con la solicitud de suspensión inmediata de la aplicación de la Ley, «va a llevar toda una reorganización del funcionamiento de muchos servicios de la Administración, fundamentalmente del Servicio Sanitario».
A ese respecto, Martínez Guijarro ha indicado que en las unidades administrativas la reorganización de jornada «es más fácil» pero en «los grandes hospitales, las grandes residencias de atención a personas con discapacidad y personas mayores», es decir, los grandes centros que prestan servicio las 24 horas, supone toda una reorganización del turno y de los trabajadores.
«Nos parece un despropósito por parte del Gobierno de España, que dice estar en funciones para muchas cosas, pero para otras paraliza actuaciones» que son fundamentales para recuperar los servicios fundamentales en Castilla-La Mancha», ha señalado.
Servicios, ha mencionado, como la Sanidad, donde el Ejecutivo castellano-manchego busca «formulas jurídicas» pero, si no las encuentran, ha avanzado Martínez Guijarro, «podría suponer incluso que hubiera profesionales sanitarios que se han incorporado con motivo de la reducción de jornada y tuvieran que salir del sistema sanitario».
A pesar de esta situación, el vicepresidente ha asegurado que van a «defender con uñas y dientes» la legalidad de las 35 horas y de otra medida que se incorporaba también en esa Ley, la posibilidad de que los empleados públicos que llegan a la edad de jubilación y quieren alargar un poco más su actividad laboral puedan hacerlo.
Una medida ideada «pensando básicamente en profesionales sanitarios», porque su experiencia es fundamental para la formación de nuevos profesionales que acceden y para la prestación de un servicio de calidad. «Si lo hacen con carácter voluntario es hasta una falta de cortesía no permitírselo», ha defendido.
Martínez Guijarro ha expresado también que al Gobierno regional «le gustaría», algo que creen que así va a ocurrir porque «así nos lo han trasladado», contar con el apoyo de las organizaciones sindicales, para intentar que el recurso «tenga los menores efectos posibles».
Obviamente, ha reconocido, si el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y se acepta la suspensión, «con carácter inmediato habrá que reintroducir las 37,5 horas» en todo el sector público regional, con las consecuencias que lleva de reorganización de servicios, «que tenían su planificación hecha para todo el año».
