El Juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo ha citado a declarar en calidad de investigado al exalcalde ‘popular’ de la capital regional José Manuel Molina y a su antiguo equipo de Gobierno por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que, según el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, se realizó como contrapartida a una donación.
Así consta en la diligencias previas, a las que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Juzgado toledano cita a declarar igualmente en calidad de investigados al resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo celebrada el 2 de mayo de 2007 por la posible comisión del mismo delito.
De este modo, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo llama a declarar el próximo 22 de febrero de 2017 a José Manuel Molina, al exconcejal de Hacienda del Consistorio toledano, Lamberto García Pineda, y exconcejal Fernando Sanz Domínguez. Por su parte, los ex ediles María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano declararan el 1 de marzo de 2017.
En marzo de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió a favor de los Juzgados de Toledo para que investigaran la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución del citado contrato de basuras.
Lo hacía en un auto por el que el magistrado transformaba las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y en el que acordaba incoar una pieza separada sobre el contrato de basuras que se llevó a cabo, según Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña a la presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remitió estas pesquisas al juzgado decano de Toledo ante la «falta de conexidad suficiente» con la causa de ‘los papeles de Bárcenas’ dado que el propio extesorero desvinculó el caso de Toledo de las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr en la «mecánica de funcionamiento de la caja B» del Partido Popular.
