La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto que regulará dentro de unas semanas la gestión de las viviendas públicas propiedad de la Junta, un nuevo texto normativo que habilitará 2.000 viviendas que llevan en stock un tiempo prolongado sin que nadie las compre y que incluye entre sus novedades que las entidades sin ánimo de lucro y ONGs puedan gestionar estos inmuebles para ponerlos a disposición de determinados colectivos.
En rueda de prensa, De la Cruz ha avanzado que con el nuevo decreto, que podría estar listo en un mes, se flexibilizan los requisitos de acceso para que los ciudadanos puedan optar a estas viviendas, «con el objetivo final de que colectivos prioritarios como víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, familias monoparentales o personas con discapacidad» puedan tener opciones.
Para ello, se bajarán los ingresos máximos en los requisitos, «de manera que se pueda movilzar este stock de viviendas» entre una bolsa de aspirantes cercana a las 2.000 personas.
De la Cruz ha celebrado que con el nuevo texto, personas que accedieran a la compra de viviendas sociales y que ahora no puedan hacer frente al pago de la hipoteca podrán ver cómo la Junta se hace cargo de la misma a cambio de un alquiler social.
OPCIÓN DE COMPRA
«También vamos a garantizar que aquellas familias que lleven más de 5 años en una vivienda social pueda ejercer de forma efectiva el derecho a comprar esa casa», ha añadido.
Otra de las novedades expuestas por la consejera de Fomento es que los padres que tengan hijos con algún tipo de discapacidad podrán inscribir en el patrimonio protegido de personas con discapacidad esta vivienda pública, de manera que cuando fallezcan, los hijos pasarán a ser propietarios.
La intención del nuevo decreto es «priorizar el carácter social de las viviendas a la hora de hacer las adjudicaciones».
«Hasta ahora lo que se hacía era un informe social que describía la necesidad de vivienda por parte de una familia. Vamos a cambiar ese informe social, queremos que sea más completo y que además de describir la necesidad se describa la idoneidad de dónde se va a alojar esa familia para evitar conflictividad», ha detallado.
