Las provincias de Toledo y Albacete serían las circunscripciones merecedoras de los dos escaños extra a elegir en la próxima cita electoral en el hipotético caso de que se acordara una reforma de la ley para permitir poner en juego 35 diputados en Castilla-La Mancha, dos más de los que se eligen hasta ahora.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, abrió la puerta la pasada semana a acordar una reforma de la ley electoral para subir el número de parlamentarios a elegir al máximo que permite el actual Estatuto de Autonomía, que es de 35.
Para acometer esta reforma, le bastaría con el apoyo de Podemos en la Cámara castellano-manchega y no necesitaría el apoyo del Partido Popular, pero si quisiera ir más allá en la ampliación de diputados tendría que sacar adelante un nuevo Estatuto, ya que el vigente –reformado en solitario por las mayorías parlamentarias del PP tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados– sólo permite modificar la ley electoral para fijar el número de escaños a repartir entre 25 y 35.
LAS CUENTAS
La actual ley electoral de Castilla-La Mancha recoge en su artículo 16 que las Cortes regionales están formadas por 33 diputados. Igual que la ley estatal que regula los procesos electorales (LOREG), establece un reparto mínimo de escaños por igual entre las cinco provincias, asignando tres escaños a cada una de las cinco circunscripciones castellano-manchegas.
Los diputados restantes, que serían 20 si finalmente se acuerda el incremento de dos parlamentarios, se reparten obteniendo una cuota de reparto resultante de dividir por 20 la cifra total de la población de derecho –habitantes empadronados– de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, que con datos del cierre de 2016 se colocaron ligeramente por encima de los dos millones de habitantes.
Con estos coeficientes, se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulte, en números enteros, de dividir la población de derecho de cada provincia por la cuota de reparto. Tras este cálculo, Albacete sumaría 3 (hasta 6); Ciudad Real 4 más (hasta 7); Cuenca otro diputado (hasta 4); Guadalajara 2 más (hasta 5); y Toledo seis escaños extra (hasta 9). De esta forma, ya estarían repartidos 31 de los 35 asientos del Convento de San Gil.
Las cuatro sillas del salón de plenos que restan por repartir se distribuirían atendiendo a las fracciones decimales mayores del resultado anterior. En este caso, todas las provincias menos Guadalajara sumarían otro diputado.
Con este reparto, Guadalajara (5), Cuenca (5) y Ciudad Real (8) volverían a tener los mismos diputados en juego que en las elecciones de 2015; mientras que Toledo (10) y Albacete (7) ganarían un representante regional más en comparación con la última cita con las urnas.
EXTRAPOLACIÓN DE RESULTADOS
Si en las pasadas elecciones se hubieran repartido los escaños conforme a este sistema y con 35 escaños a elegir, el diputado extra de la provincia de Toledo habría ido a parar a Ciudadanos; mientras que el de Albacete se lo habría quedado Podemos.
Con ese escenario, el Parlamento actual habría contado con un representante de Ciudadanos por la provincia de Toledo –Ángel Ligero encabezó esa candidatura–; mientras que la bancada de Podemos habría contado con Goyo López, su cabeza de lista en Albacete.
Así las cosas, el Parlamento actual habría estado formado por 16 diputados del PP como fuerza más votada, 15 del PSOE, 3 de Podemos y uno de Ciudadanos.
En todo caso, con las particularidades de la Ley D’Hont y las tendencias electorales actuales, si se repartiera un asiento más en la provincia de Toledo se lo quedaría el cuarto partido más votado en esa circunscripción; mientras que el representante extra de Albacete iría a parar a la tercera fuerza política en esa provincia, quedando empatadas a tres los dos primeros partidos.
