Alguien dirá que un mes y ocho días no es un período de tiempo amplio para que ocurran muchas cosas, sobre todo cuando esas cosas aluden a problemas de cierta complejidad como son los que nos ocupan a diario en CCOO. Sin embargo, este tiempo, el transcurrido desde que el Gobierno anunciara el acuerdo de reforma laboral, ha dejado un paisaje político nuevo en el que cada cual se ha manifestado sobre las cosas del trabajo, tan ignoradas siempre en la agenda de los partidos. No me detendré a repasar lo pactado, ya muy bien explicado.
Acotar la temporalidad, castigar el fraude, hacer crecer los sueldos, dar más poder a las personas trabajadoras en la negociación de sus convenios, y que las empresas no recurran a los despidos cuando vienen mal dadas son puntos que, objetivamente, se defienden solos. Tenemos una oportunidad única de poner en práctica medidas que, de una vez, cambien el paso y modernicen nuestras relaciones laborales. Y sí, estoy seguro de que, si esta nueva legislación se aplica, comprobaremos en unos meses que las cosas cambian. Por eso hoy, cuando el Congreso tiene la ocasión de convalidar el texto sacado de una dificilísima negociación donde no falta nadie, me espanta pensar que hay representantes públicos haciendo cálculos perversos, pensando en lo suyo o en lo de otros, pero no en el interés general. ¿De verdad hay personas con poder de decisión tan alejadas de la calle, tan ajenas a lo que pasa en las empresas? ¿De verdad alguien puede poner en la balanza este acuerdo y encontrar más cosas negativas que positivas?
De verdad que no, se mire como se mire. No me sorprende que la derecha extrema y la extrema derecha defiendan sin pudor los privilegios de unos pocos, pues incluso presumen de haber patentado la figura del trabajador pobre. Cuesta más entender a políticos que, tras años de no haber planteado ninguna iniciativa para mejorar la protección de las personas trabajadoras, ahora encuentran agujeros en un texto que parte de quienes mediamos en las relaciones del trabajo -patronal y sindicatos- y que viene con el aval de organismos europeos, también con el aval de la OIT. Parece que no les baste. En este mes y ocho días, estos guardianes de la clase trabajadora recién aparecidos nos quieren sacar la piedra de la locura por defender un buen acuerdo, el primero que devuelve derechos a las personas trabajadoras y nos pone en el camino de futuras mejoras. Ojalá hubiéramos tenido una legislación así hace 10 años, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió pasar la apisonadora sobre la gente más vulnerable. Porque eran medidas como éstas las que defendíamos cuando estuvimos detrás de las pancartas de las huelgas generales, y en cientos de movilizaciones cada año, protestas que mantuvimos en el tiempo incluso durante la pandemia.
Acabo señalando que sobre esta controversia que hoy debe resolver el parlamento es preceptivo que la clase política saque lecciones. Si nuestros representantes no sirven esta vez para ofrecer soluciones a colectivos como los riders, las camareras de hotel, las personas jóvenes o los empleados de contratas, serán muchos quienes tengan un motivo más para dejar de creer en la política y reforzar su idea de que en política todos son iguales. No faltan ejemplos del hartazgo con el que los hombres y mujeres acaban por fiar su confianza al primer mesías que aparece por las plazas proclamándose el caudillo capaz de desahuciar de la casa democrática a quien ya no sirve. También por eso, el día de hoy es trascendente. Señorías, no nos fallen.
