La variante Ómicron ha provocado un verdadero tsunami de bajas laborales durante el mes de diciembre, que no tiene visos de remitir en las primeras semanas de enero. En concreto, en Castilla-La Mancha, casi 18.400 personas estuvieron de baja laboral, lo que supone un incremento del 878% respecto al mes de noviembre.

A nivel nacional esta cifra se sitúa en 566.175 bajas laborales en el mes de diciembre, lo que supone un incremento del 632% respecto al mes anterior, según informa la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo en nota de prensa.

A cierre de diciembre quedaban más de 340.000 procesos de baja laboral en vigor, alcanzando máximos de la pandemia, con unos 40.000 procesos más que en los peores momentos de la crisis sanitaria de marzo de 2020.

Según señala, la explosión de contagios por Covid de los trabajadores, entre los que también se encuentra el personal sanitario, está suponiendo un colapso de los Centros de Atención Primaria, donde los médicos, a pesar de los esfuerzos de reorganización de los recursos disponibles, están desbordados por la prestación de asistencia sanitaria y el aumento de dedicación a la gestión de los trámites de bajas y altas laborales que se han producido desde la aparición de la variante Ómicron.

En ese sentido las Mutuas, además de mostrar su ocupación y preocupación por los efectos de la crisis sanitaria en la salud de los ciudadanos, también lo hacen en esta ocasión por las consecuencias que este cuello de botella está teniendo en el alargamiento innecesario de la duración de estos procesos de incapacidad temporal, lo que además de afectar a los costes de las empresas y a la actividad económica, también repercute muy negativamente sobre las cuentas de la Seguridad Social y del Estado.

El coste de las prestaciones económicas en favor de los trabajadores ha supuesto para las cuentas de la Seguridad Social y del Estado hasta el 30 de noviembre de 2021 ha sido de 3.055 millones de euros, a los que habría que sumar otros 2.500 millones de euros con cargo directo a las empresas, por cotizaciones, complementos y mejoras, sin perjuicio del coste de los bienes y servicios que se han dejado de prestar y producir.

Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, esta situación podría y debería aliviarse estableciendo un mecanismo a nivel nacional por el que los facultativos tramitaran simultáneamente los partes de baja y de alta en un solo acto médico, con una duración de siete días, de modo que sólo tuvieran que contactar de nuevo con el Centro de Salud aquellos trabajadores que no se hubieran recuperado en ese plazo establecido.

Este mecanismo reduciría casi a la mitad el tiempo que los médicos tienen que dedicar a estas gestiones administrativas, con el beneficio que ello tendría en la descongestión de la Atención Primaria, que podría así dedicar muchos más recursos a la asistencia sanitaria.

Finalmente, recuerdan que el pasado 30 de diciembre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció un periodo de 7 días para el aislamiento de los casos confirmados asintomáticos o con síntomas leves, si en el momento de finalización de este periodo la persona está asintomática y han transcurrido al menos tres días tras la resolución de los síntomas.

Por su parte, los contactos estrechos vacunados con pauta completa estarán exentos de cuarentena, pudiendo realizar una vida normal y acudir a su puesto de trabajo, sin perjuicio de extremar las medidas de protección (utilización de mascarilla, distancia de seguridad,*).

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