CCOO Castilla-La Mancha ha denunciado que, pasado un año desde que entrara en vigor la Ley 10/2021, de trabajo a distancia una buena parte de las empresas castellanomanchegas tienen todavía mucho trabajo por delante para ponerse al día y cumplir sus obligaciones, señalando que muchas de las personas que teletrabajan en Castilla-La Mancha tienen sin regular sus condiciones en los preceptivos acuerdos individuales de trabajo.

El registro en el Servicio Público de Empleo Estatal de estos acuerdos individuales de teletrabajo es obligatorio, como lo es comunicar esos acuerdos a la Representación Legal de los Trabajadores, según ha explicado la secretaria de Acción Sindical de CCOO en la región, Nunzia Castelli. «Los datos que tenemos dicen que, a mitad de junio, en Castilla-La Mancha hay 1.485 acuerdos de trabajo a distancia comunicados», de los que 1.210 son de contratos indefinidos, y 275 de contratos temporales, según ha explicado el sindicato en nota de prensa.

Sin embargo, los datos que recoge la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística señalan que en Castilla-La Mancha, con una población asalariada de 716.900 personas, hay 27.200 personas que trabajan desde su domicilio más de la mitad de los días y 15.900 lo hacen «ocasionalmente».

«Comparar el registro con la encuesta supone concluir que hay un gravísimo incumplimiento de la normativa aprobada en julio del año pasado y de las obligaciones que dicha ley establece, porque los acuerdos registrados no suponen ni el 6% de los casos de trabajadores y trabajadoras que teletrabajan», ha lamentado.

Y es que, ha continuado, estos acuerdos individuales entre empleado y empresa deben ser registrados en todos los casos donde el trabajador o trabajadora hace a distancia al menos el 30% de la jornada «y son documentos que deben recoger una serie de cuestiones, como la dotación de equipo y recursos necesarios, el porcentaje de jornada que se realiza, los medios de control empresarial de la actividad, plazos de preaviso para situaciones de reversibilidad o sobre seguridad de la información».

«Claramente, esta ley que amplía los derechos laborales de estas personas no se está cumpliendo», ha advertido la secretaria de Acción Sindical del sindicato en Castilla-La mancha, insistiendo en hacer un llamamiento a las empresas para que se pongan al día. «Esta regulación se aplica no solo para las personas que teletrabajan después de la entrada en vigor de la ley, también para todo caso de teletrabajo que ya se viniera haciendo, cada trabajador debe tener su acuerdo individual firmado y registrado ante la autoridad laboral», ha explicado.

Castelli ha subrayado además que las garantías de estos acuerdos deben servir para que haya un ejercicio real del derecho a la desconexión digital, «porque en particular en el trabajo a distancia puede haber situaciones más complejas de reparto de tiempos de trabajo y descanso». Estas situaciones se dan, advierte Castelli, que apunta que «los riesgos psicosociales aparecen más en estas realidades de trabajo».

Los datos de la encuesta del INE reflejan que ya en 2019, antes de la pandemia y de la nueva regulación, en Castilla-La Mancha 19.000 trabajadores y trabajadoras aseguraban trabajar desde su domicilio particular más de la mitad de su tiempo de jornada. El indicador más alto de personas que trabajaban a distancia se alcanzó tras la pandemia, en el primer trimestre de 2021, con 39.700 personas en teletrabajo la mitad de su jornada o más en la región.

CCOO ofrece su asesoramiento a las personas trabajadoras para que conozcan qué derechos les asisten en esta materia y continuará formando en estas cuestiones a sus más de 4.500 delegados y delegadas en empresas de la región, «para que la norma se aplique de manera eficaz y esta fórmula del teletrabajo se implante con todas las garantías y derechos», ha concluido Nunzia Castelli.

El sindicato defiende que una implantación correcta y con garantías del trabajo a distancia supone sin duda beneficios para la parte empresarial y para las personas trabajadoras, que pueden tener una reducción de costes y de los tiempos de desplazamiento, mayor satisfacción laboral y oportunidades de conciliación, entre otras.




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