El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes la Ley de la Cámara de Cuentas, que mejorará la transparencia y reforzará el control democrático de la gestión pública. Esta ley entrará en vigor el día 2 de enero.

Se trata de una institución que tiene como principal finalidad dotar a las Cortes regionales de un instrumento eficaz para contribuir a facilitar el ejercicio de sus actividades de control sobre la actividad económico-financiera del propio Ejecutivo autonómico y del conjunto del sector público regional, lo que permitirá fiscalizar mejor la totalidad de los fondos públicos de Castilla-La Mancha, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía, garantizando a la ciudadanía el derecho a una buena administración, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Con esta Ley, que fue aprobada el pasado 2 de diciembre en las Cortes regionales y que entrará en vigor en 20 días, se recupera un órgano fiscalizador externo autonómico que facilitará un control más directo de las finanzas públicas regionales y permitirá que sus recomendaciones sean más fáciles de aplicar, por la proximidad y cercanía con las instituciones que supervisa y fiscaliza.

Asimismo, mejorará la transparencia de la actividad económica, financiera y contable del sector publico regional, por el mayor nivel de detalle y profundidad con la que puede ejercer su labor fiscalizadora; y fortalecerá el control democrático en la gestión pública.

CONTROL FISCALIZADOR

En concreto, estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas el sector público regional, que comprende, la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades que lo integran, así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Igualmente, quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, exclusivamente en lo que se refiere a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta.

Además de la fiscalización externa, la Cámara de Cuentas también tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.

ESTRUCTURA

Este órgano contará con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el pleno de las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior. Su mandato será de seis años, renovable por una sola vez.

También dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la Presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales de reconocida competencia y se velará por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos nombramientos. De igual modo, contará con un secretario o secretaria general, que se encargará de la dirección del personal y el asesoramiento jurídico de la Cámara, entre otras funciones.

La Cámara de Cuentas será un órgano de control técnico que tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria, y que dependerá orgánicamente del Parlamento autonómico, lo que le permitirá actuar sin interferencias y con absoluta objetividad en su labor de fiscalización de las finanzas públicas.

Su creación es fruto del compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, de recuperarlo para reforzar el control y mejorar la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, después de que en 2014 se suprimiera la denominada Sindicatura de Cuentas, que funcionó durante veinte años y cuya labor fiscalizadora asumió el Tribunal de Cuentas tras su desaparición.

Con la entrada en vigor de este proyecto legislativo, Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades autónomas que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son 12 hasta la fecha.

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