El Gobierno quiere reforzar la legislación española para conseguir el cierre de los prostíbulos, como medida para la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.
Según ha indicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo tiene un compromiso con la igualdad y con la erradicación de la trata, así como con la puesta en práctica de medidas de cooperación entre todas las administraciones públicas, para reforzar la «atención, prevención y recuperación» de las víctimas.
En estas medidas, ha indicado, también se cuenta con la colaboración de instituciones y organizaciones que prestan sus servicios a las personas explotadas.
«Hemos pactado este mecanismo con las comunidades autónomas para que se trate de un reconocimiento y una identificación segura de las víctimas», ha indicado Montero.
REFUERZO DEL COMPROMISO
Este pacto, ha indicado también se ha realizado para que «el trabajo de reforzar la legislación permita el cierre de los prostíbulos y los lugares donde se desarrolla y donde se ejerce este tipo de trata».
En su intervención, la ministra portavoz se ha referido a la declaración institucional que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes con motivo de la conmemoración, este miércoles, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Los miembros del Ejecutivo han firmado un escrito por el que reiteran su «firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres cuya consecución requiere la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres», particularmente, «la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual».
«Constituyen graves violaciones de los derechos humanos», apunta la declaración. En el texto, recogido por Europa Press, el Gobierno recuerda que «la normativa internacional establece la obligación de los poderes públicos de prevenirlas, sancionarlas y de garantizar la atención, asistencia, protección y recuperación de sus víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos que sitúe como elemento central a las víctimas».
ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS AL COVID
En este sentido, ponen en valor los instrumentos desarrollados por España en materia de derechos humanos de las mujeres y de erradicación de la violencia de género, que, según apunta, sitúa al país como «referente internacional».
Desde el Ejecutivo recuerdan que la crisis sanitaria ha supuesto el incremento de la violencia asociado al aislamiento social e indica que, el Gobierno «ha aprobado la Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de genero ante la crisis del COVID-19» con medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata.
Con él, explica, que se ha garantizado el establecimiento y adaptación de los servicios públicos y los recursos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, sobre todo, de los «migrantes y menores de edad» para atender «sus necesidades específicas».
