La mayoría absoluta del PSOE ha votado en contra la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Ciudadanos y apoyada por el Grupo Popular en la cual se reclamaba desarrollar alternativas de conciliación para las familias afectadas por el cierre temporal de centros educativos en caso de un nuevo confinamiento, reclamando la creación de un servicio de cuidadores en el hogar destinado al alumnado de educación especial.
Según el texto de Cs debatido y rechazado en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, se sugería articular el traslado domiciliario de los recursos específicos de los centros de educación especial como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas a los domicilios de las familias que lo demanden cuando estos centros educativos sufran un cierre temporal o los alumnos estén dentro de una cuarentena.
En virtud de la propuesta narja, cuando el traslado al domicilio de los recursos no sea posible se desarrollará una teleintervención como último recurso que asegure la continuidad de las actuaciones de los centros.
Pretende igualmente Cs incluir una partida dentro de los Presupuestos Generales de la Junta destinado a facilitar la conciliación de las familias con hijos con discapacidad para ser desarrollada por servicios públicos o entidades del tercer sector; así como incluir cuantías para facilitar el traslado domiciliario de los recursos específico.
La portavoz de Cs en el Parlamento regional, Carmen Picazo, ha argumentado desde la tribuna de oradores que los problemas de conciliación derivados de esta casuística repercuten especialmente en el segmento poblacional femenino.
En su opinión, «no se puede tolerar que por cerrar un centro de educación especial este alumnado no reciba sus terapias», alertando de las «consecuencias» en su desarrollo formativo.
«Es un problema que existe y es real. Esperamos que se adapten políticas útiles. Desde este estrado, les pedimos que no nos dejemos llevar por ideologías», ha dicho, pese a lo cual ha vuelto a introducir el debate de la Ley Celáa en este punto del orden del día.
PP REITERA SU CRÍTICA A LA LEY CELÁA
El diputado del Partido Popular Vicente Aroca ha sido el encargado de poner voz a la postura de su grupo parlamentario, anunciando su voto favorable a la premisa expuesta por Ciudadanos. Según ha argumentado, es algo «lógico, oportuno y coherente».
Eso sí, ha dedicado parte de su intervención a sacar a relucir el debate por la ley educativa aprobada a nivel nacional, reparando en que «en cientos de ciudades hay manifestaciones y millones de personas firman» contra esta normativa. De su tiempo de alegato, ha dedicado prácticamente la totalidad a abundar en las críticas contra una norma estatal.
Sin dejar de lado la temática central del alumnado con alguna discapacidad, ha repasado las a su juicio carencias del nuevo texto legislativo al respecto.
PSOE CARGA CONTRA EL «DÍA DE LA MARMOTA» ‘POPULAR’
La parlamentaria socialista Diana López ha dado la réplica a Vicente Aroca para reprocharle volver a sacar la Ley Celáa fuera de contexto en un debate sobre conciliación.
Desde el PP, ha dicho, «están ahora muy interesados por la educación, pero el señor Núñez no está en ninguno de esos plenos. Si estuviera aquí, nos demostraría su interés». También ha cargado contra Cs indicando que su postura contra la Ley Celáa radica en «meter miedo» en cuanto al cierre de centros de educación especial.
Entrando en materia al respecto de la proposición de Cs presentada en este debate, ha defendido que el PSOE «ya se están haciendo» algunas de las premisas reivindicadas en la propuesta. «Ustedes tocan a la puerta que no deben sólo por hacer ruido por la educación especial».
Ante la petición de que los educadores acudan a los domicilios en caso de confinamiento, ha considerado una «irresponsabilidad» abrir la puerta a esa posibilidad. «Se echaban las manos por la vuelta a las aulas y ahora piden esto».
RODRÍGUEZ VE «DESCONOCIMIENTO» DE CS EN SUS PLANTEAMIENTOS
La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Rosa Ana Rodríguez, ha querido tomar la palabra para cerrar el debate previo a la votación para asegurar que el Gobierno regional trabaja en apoyar a todas las familias con hijos que precisen de atención especializada.
Ha querido defender la opinión de los orientadores educativos al respecto de cómo cubrir las necesidades de este tipo de alumnado.
Rodríguez ha sacado a relucir que el Gobierno de la región ya cuenta con un plan que «contempla todas las necesidades» de cualquier tipo de alumnado. Sobre las premisas expuestas por la Proposición No de Ley de Ciudadanos en el texto rechazado, ha dicho que demuestra «cierto desconocimiento» sobre el funcionamiento de los centros de Educación Especial.
Trasladar todo el operativo de estos centros a domicilios en caso necesario es algo inviable según la consejera, al tiempo que ha considerado que los cuidados a los que se refiere la formación naranja en su texto responden más a aspectos médicos que educativos.
