La Tercera Asamblea Ciudadana de Estatal que celebrará Podemos en marzo servirá, además de para reafirmar el liderazgo de Pablo Iglesias al frente del partido, para modificar los estatutos y acabar con la limitación de cargos actual, que solo permite a sus dirigentes ostentar una responsabilidad interna y otra pública –exceptuando los casos en los que un cargo público esté vinculado a otro–.
Esta es una de las modificaciones que contemplará el nuevo código ético que prevé aprobar Podemos en el congreso de marzo, según han explicado a Europa Press fuentes del partido morado. De hecho, varios dirigentes autonómicos ya han registrado sus candidaturas para formar parte de la dirección estatal, después de que se les haya trasladado que podrán compatibilizar este nuevo cargo de consejero estatal con sus responsabilidades territoriales, si como es previsible, se aprueba la propuesta de estatutos que presente Iglesias.
Es el caso, por ejemplo, del secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández; la de Canarias, Noemí Santana; el de Galicia, Antón Gómez Reino; la diputada valenciana y aspirante a dirigir el partido en esta comunidad, Pilar Lima; o el líder de la gestora en Murcia y futuro candidato a secretario general autonómico, Javier Sánchez Serna.
Aunque los secretarios generales autonómicos son miembros natos del Consejo Ciudadano Estatal –el máximo órgano de dirección entre asambleas–, el cambio en los estatutos permitirá que además puedan presentarse para formar parte de este órgano como consejeros ciudadanos estatales, que son los que resultan elegidos en las asambleas por los inscritos, en una votación a nivel estatal, como ocurrirá en marzo.
NUEVO ROL COMO PARTIDO DE GOBIERNO
Además de eliminar la limitación para ostentar solo un cargo interno, Podemos también permitirá en los nuevos estatutos que surjan de esta tercera Asamblea –conocida coloquialmente como Vistalegre 3– que los miembros de la formación puedan ejercer más de una función pública, y adaptar así su organización a su rol de partido de gobierno.
Esta limitación en el ejercicio de cargos públicos comenzó a demostrarse excesiva, según la dirección de Podemos, desde el momento en que el partido morado empezó a entrar, primero, en gobiernos autonómicos en coalición con el PSOE –en el de Castilla-La Mancha, en verano de 2017, y en los de Baleares, Aragón y La Rioja en 2019– y después, en el Gobierno central.
Así, la integración de los principales dirigentes de Podemos en el Ejecutivo de coalición con el PSOE, empezando por el propio Iglesias, y por su ‘número dos’ y antes portavoz parlamentaria Irene Montero, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre si el código ético del partido permitía que compatibilizaran sus escaños con sus nuevas responsabilidades de gobierno.
El actual portavoz parlamentario, Pablo Echenique, defendió en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado al respecto, que no había «nada que incumpla los estatutos» en la situación de Iglesias, Montero y otras dirigentes con acta de diputadas y cargo en el Gobierno, como Noelia Vera o Ione Belarra. «El código ético permite esta situación, que además se da en gobiernos autonómicos desde hace un montón de meses y no ha habido ningún problema», aseguró.
En concreto, el código ético establece «la limitación para el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución, y en todo caso conforme siempre a las limitaciones salariales establecidas por el partido».
Los miembros de Podemos que entraron al Gobierno liderado por Pedro Sánchez decidieron conservar sus escaños, como finalmente lo va a hacer también el propio presidente y algunos de sus ministros. Eso sí, Iglesias, Montero y Belarra han delegado en otros compañeros de Unidas Podemos sus responsabilidades en la Presidencia del grupo parlamentario, Portavocía titular, y Portavocía sustituta, respectivamente.
