El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este miércoles su derecho a pronunciarse sobre la reforma prevista para rebajar las penas vinculadas al delito de sedición -lo que beneficiría a los condenados por el ‘procés’- porque «sólo faltaría que el señor Torra pudiera decir esto o aquello, hablar de lo que le da la gana, y el PSOE quiera imponer una ley del silencio».

«Yo no me tengo por qué meter en muchos asuntos, yo no aprueblo el Código Penal», ha concedido García-Page, si bien ha precisado que incluso las autonomías tienen la capacidad de iniciativa legislativa y pueden «plantear al Parlamento de España una iniciativa para cambiar esto o aquello». «Tenemos atribuida esa competencia», ha abundado.

García-Page ha defendido que entre sus «responsabilidades como español, responsable público y presidente de Castilla-La Mancha» está la de «hablar de un delito contra el orden constitucional» como es «la agresión que hacen los independentistas cuando quieren convocar un referéndum para hurtar al resto de los españoles el derecho a decidir con el conjunto algo» que «afecta a todos».

«No es un problema solo del Gobierno de España, nosotros también somos España. Tengo que garantizar que mis 2 millones de habitantes hablemos todos y en las mismas condiciones», ha zanjado.

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