El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que será el 31 de enero el día que eche a andar la Mesa del Agua regional, un punto de encuentro entre agentes políticos, económicos y del sector primario que pretende blindar una postura común en defensa del agua para la Comunidad Autónoma, un texto que buscará unanimidad y que en todo caso no será «frentista» y se elaborará «desde la solidaridad» con otros territorios.
Así ha contestado Martínez Arroyo a preguntas de los asistentes a un desayuno informativo organizado por el diario La Tribuna de Ciudad Real, donde ha recordado que se reunirán en este enclave «todos los que tienen algo que decir», desde «el tejido económico y social hasta las fuerzas políticas».
«El objetivo es poder alcanzar un acuerdo sobre un documento en el que venimos trabajando año y medio con cooperativas y asociaciones agrarias», ha recordado Martínez Arroyo, quien ha abundado en que «es necesario tener la mano tendida a todas las fuerzas políticas para tener el respaldo de todos» en torno a este documento.
Un texto que «no será nada frentista». «Que nadie se espere un documento para llevarse mal con otra región o para impedir la actividad a otros territorios. «Se pueden hacer las cosas bien desde la solidaridad y desde el sentido común», ha afirmado.
TUBERÍA MANCHEGA
En otro orden de cosas, Martínez Arroyo ha avanzado que espera «en breve, poder abrir el grifo de la tubería manchega», infraestructura que «ya está hecha» y que servirá para que el agua «llegue con mejor calidad y más garantía de suministro» a una agrupación de municipios que suman más de 80.000 habitantes.
Estos municipios afectados por los ramales de la tubería, ubicados sobre todo en la provincia de Ciudad Real, ya están en conversaciones para coger agua de superficie y no subterránea, tal y como ha explicado.
«El agua es imprescindible, soy consciente, tenemos que vertebrarlo bien, encajar bien las piezas, pero para eso hay que llevarse bien con la administración competente, que es el Estado», ha subrayado.
