La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado que pese a la asunción del mando único por parte del Gobierno central en el marco del estado de alarma, las competencias de las comunidades autónomas siguen «intactas», por lo que estas participarán en la gestión de la desescalada del confinamiento, si bien este proceso, que será «asimétrico» en función de zonas y territorios, deberá llevarse a cabo de forma «coordinada».
La ministra, que ha efectuado un ejercicio de «autocrítica» y ha reconocido que el Ejecutivo podía haber actuado «mejor» en algunos casos, ha denunciado que no es «de recibo» que el Gobierno español «tienda la mano constantemente», al mismo tiempo que «trabaja de sol a luna», y que encuentre siempre «una réplica feroz y negativa» por parte de algunos partidos.
«Lo ético no es precisamente atacar al Gobierno en esta pandenia, sino arrimar el hombro», ha afirmado Celaá, parafraseando una reciente intervención de Rui Rio, presidente del PSD, formación conservadora que lidera la oposición Portugual, en relación a la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo de ese país.
En el caso de las críticas del PNV y del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, que han acusado al Gobierno central de recurrir a la «imposición» y de invadir competencias autonómicas a la hora de gestionar la crisis, ha afirmado que, como ministra, trabaja con «la perspectiva de que las competencias de las comunidades autónomas están intactas».
En todo caso, ha subrayado que la gravedad de la pandemia planteó la necesidad de decretar un estado de alarma con un mando único a cargo del Ejecutivo central, dado que la covid-19 «se había extendido por todo el país» y era precisa una «concentrar» la capacidad de adoptar «decisiones rápidas».
Celaá también se ha referido a la advertencia del PNV, que ha planteado la posibilidad de no respaldar una nueva prórroga del estado de alarma si el gabinete de Pedro Sánchez no permite a las comunidades autónomas participar en la gestión de la desescalada de las restricciones a la movilidad.
La ministra ha afirmado que las autonomías podrán participar en la gestión de este proceso, que según ha recordado será «asimétrico», en función de la situación en la que se encuentre cada territorio o zona del Estado. En todo caso, ha advertido de que la gestión de la desescalada del confinamiento se deberá llevar a cabo de forma «coordinada», y que habrá que actuar de forma «cautelosa» y con «muchísima prudencia».
La responsable de Educación ha aludido, asimismo, al lehendakari, Iñigo Urkullu, que aunque ha criticado algunas de las decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a actuar con «lealtad» y a colaborar en la búsqueda de soluciones frente a la crisis.
«El lehendakari Urkullu es una persona pragmática y leal; y por eso colabora con el Gobierno, si bien quiere estar mejor informado, cosa que es legítima. Pero también es consciente de que hay que tomar decisiones con mucha rapidez», ha afirmado Celaá.
La ministra ha efectuado un ejercicio de «autocrítica» y ha reconocido que «todo se puede hacer mejor». No obstante, ha recordado que el Gobierno de España, así como los ejecutivos del resto de países, están teniendo que gestionar una situación «nunca antes vivida», por lo que no existe la posibilidad de «ensayar» las medidas que se van adoptando para responder a la pandemia. Celaa ha subrayado que, en este contexto, es necesario «concentrar las energías» y colaborar «entre todos».
«EXCESO DE PRUDENCIA»
La ministra también se ha referido al cambio de criterio del Gobierno central a la hora de permitir las salidas de menores de edad a partir del lunes. Al igual que hizo este pasado miércoles el presidente del Gobierno, Celaá ha afirmado que el Ejecutivo pecó de un «exceso de prudencia» al limitar inicialmente este permiso a la posibilidad de que los menores acompañarán a sus progenitores a hacer la compra o a realizar algunas gestiones.
La responsable de Educación ha achacado lo ocurrido en este caso al hecho de que el Gobierno debe adoptar «muchas decisiones» en un «brevísimo periodo de tiempo» debido a las necesidades que plantea la crisis.
Por otra parte, Celaá ha explicado que el plan del Gobierno Vasco para afrontar el final del curso en la enseñanza responde «absolutamente» a la filosofía planteada por el Ejecutivo central cuando debatió este asunto con las comunidades autónomas el pasado 15 de abril.
La ministra ha manifestado que el programa del Ejecutivo autonómico, que plantea basar las calificaciones finales en los resultados de los dos primeros trimestres -en los que sí hubo clases presenciales-, se sitúa en la línea de los criterios establecidos por el Ministerio de Educación.
