El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha han arrancado este jueves con la lectura de una declaración institucional en la que se conmemora el 43 aniversario de la creación del Estado saharaui.
La secretaria primera de la Mesa, Josefina Navarrete, encargada de dar lectura a este texto, ha explicado que el pasado 27 de febrero de 2019 el pueblo sahararui conmemoró el 43 aniversario de la creación del Estado sahararui (República Árabe Saharaui Democrática), y estas Cortes, a través de su Intergrupo Parlamentario de Apoyo al Pueblo Saharaui ‘Paz y Libertad’, «vienen trabajando y mostrándole su apoyo».
Tras 43 años de ocupación del Sáhara Occidental y lucha del pueblo saharaui, la situación «sigue sin solucionarse», y tanto la población residente en los territorios ocupados como quienes viven en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf «ven vulnerados sus derechos humanos», viéndose «obligados» a vivir bajo la ocupación marroquí o en campos de refugio, continúa el documento.
Por todo ello, las Cortes de Castilla-La Mancha, hacen suya la Declaración de Palma emanada de la XXIII Conferencia de Intergrupos Parlamentarios de Apoyo al Pueblo Saharaui celebrada el mes pasado, en la que, entre otras cosas, se afirma que el Frente Polisario es el legítimo y único representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU y la comunidad internacional.
Dicha Declaración de Palma reafirma de nuevo que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental es «ilegal» y que no puede tener efectos jurídicos o políticos que menoscaben el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia.
Constata además que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo sometido al derecho internacional que nunca ha pertenecido al Reino de Marruecos, y por ello le exigen que «cese la ocupación ilegal» del Sáhara Occidental y el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Igualmente, exige al Reino de Marruecos que se produzca la «inmediata» liberación de los presos políticos y de conciencia saharauis y «cese las violaciones de derechos humanos» en las prisiones que controla, garantizando la integridad física y psíquica de los presos, y reitera la solicitud a la ONU para que la MINURSO vea ampliado su cometido en el Sáhara Occidental.
Denuncia el expolio de los recursos naturales, a pesar de las sentencias, en el Sáhara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos.
Insta a Naciones Unidas a que promueva «sin más dilación» la solución «justa y definitiva» del conflicto del Sáhara Occidental, solución que pasa por llevar a la práctica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración del referéndum, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a que nombre a un relator de derechos humanos para el Sáhara Occidental.
