Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Caza regional. El rechazo ha sido posible con los votos del PSOE y de Podemos, que han votado en contra de esta enmienda, mientras que el PP ha votado a favor.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha comenzado su intervención defendiendo que esta modificación de Ley es fruto de una «interlocución intensa», ha destacado que es un texto «justo, razonable, equilibrado y moderno».
Arroyo ha puesto de manifiesto la importancia de la actividad cinegética en la región gracias a la estudio sobre la Evaluación del Impacto Económico de la caza en Castilla-La Mancha elaborado por la Fundación Artemisan, con una cuantía de 21.417 euros, y que establece que en 2016 la caza aportó al PIB regional 634 millones de euros, el 1,7%.
Asimismo, el estudio indica que el 16% de la superficie cinegética de España está en la región, que contaba con 106.000 licencias expedidas en 2016, 15.214 cazadores y 271 clubes de caza federados. Además, en la región existen 5.843 cotos de caza, con una superficie de siete millones de hectáreas.
Del mismo modo, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha apuntado que el estudio indica que la caza genera 23.550 empleos en la región y cada año unos retornos fiscales que alcanzan los 57 millones de euros.
BUENOS USOS
Con todo, el consejero ha afirmado que la modificación de la Ley pretende «fundamentalmente» promover y garantizar la contribución de la gestión cinegética a los hábitats naturales y las especies silvestres en la región, y fomentar las buenas prácticas cinegéticas y otros usos para favorecer la conservación de la caza y los espacios naturales.
Así, ha indicado que los objetivos principales de esta reforma de la Ley de Caza son compatibilizar la caza con otras sensibilidades y aprovechamientos del uso natural, adaptándolos a la realidad de la Comunidad Autónoma con una norma fruto del consenso.
También pasa por el fomento y la defensa de la caza como motor de desarrollo social de manera sostenible, en particular de la caza social para que los castellano-manchegos tengan la oportunidad de practicar la caza en igualdad de condiciones, así como por la defensa del patrimonio natural silvestre y cinegético.
TEXTO «JUSTO Y EQUILIBRADO»
Así, Martínez Arroyo ha considerado que se trata de un texto «justo y equilibrado» con los ciudadanos, en comparación con el anterior aprobado por el PP, y del que ha destacado que tuvo la mayor recogida de firmas contra una ley en la Comunidad Autónoma, tras posicionarse 119.000 personas en contra.
Se ha detenido especialmente en aspectos de la anterior ley al señalar que no garantizaba la compatibilidad de uso del medio natural por parte de cazadores y no cazadores, que se eliminaron los cotos sociales o que no se prestaba atención a la labor «fundamental» de los agentes medioambientales.
«Pero, sobre todo, la modificación viene porque la tramitación –de la anterior ley– se produjo en un contexto social de confrontación, no habiendo sido una norma participada por el conjunto de la población», ha indicado, para agregar que «es el momento de regular la caza con el conjunto de los ciudadanos, no solo con una parte ni con una parte de una parte».
PRIMERA PIEDRA PARA «CARGARSE LA CAZA»
De su lado, el diputado regional del PP Francisco Núñez ha indicado que con esta modificación el Gobierno de Emiliano García-Page y de Podemos «empieza a poner la primera piedra para cargarse la caza en Castilla-La Mancha. El PP considera que la caza es una actividad fundamental y la defendemos en la región sin ningún pudor», ha agregado.
«Usted –ha indicado Núñez dirigiéndose al consejero– no defiende la caza cuando está en un Consejo de Gobierno en el que están aquellos que quieren equiparar a los cazadores a delincuentes y mandarlos a la cárcel».
También ha apuntado el diputado ‘popular’ que hasta el Consejo Consultivo ha dicho que esta modificación de la ley «es una chapuza» y le ha reprochado a Martínez Arroyo el que no haya presentado una nueva norma porque «no ha tenido valor», al no tener apoyo suficiente para hacerlo.
Igualmente, ha manifestado que el sector está «atemorizado» porque se pone en riesgo la actividad cinegética y que también el sindicato CCOO ha dicho que se pone en riesgo la figura de los agentes medioambientales. «Todo el mundo se lo ha dicho», ha señalado, para pedir a la Junta que deje de poner «en riesgo» el futuro de la caza en Castilla-La Mancha.
Por último, Núñez ha indicado que si no prospera la enmienda a la totalidad de los ‘populares’ a la modificación de la Ley de Caza, se opondrá «tajantemente» a la enmienda de Podemos para que la edad mínima para cazar sea a los 16 años. «¿Puede decir lo mismo el consejero y el PSOE?», ha preguntado.
«LAS DOS PARTES DE LA HISTORIA»
El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha empezado su discurso pidiendo al consejero que cuente «las dos partes de la historia», pues hay que «tener una visión de conjunto» y contar también los puestos de trabajo que se destruyen en el sector.
Al PP le ha dicho que, por mucho que quiera «enredar», no se trata de una modificación de la ley «anticaza», sino que regula esta actividad «de manera que se respetan los derechos de las personas no cazadoras e incorpora avances en la defensa del bienestar natural, el buen uso de los montes, y las sanciones a cazadores y no cazadores».
«Yo sé que el PP tiene muchos problemas con la justicia y el cumplimiento de la ley», ha indicado Llorente, para agregar que «el conjunto de la ciudadanía» entiende que una ley «debe ir acompañada de un régimen sancionador» y añadir que la norma aprobada por el Gobierno de Cospedal se hizo «en contra del consenso» y con «un rechazo social muy alto».
Finalmente, ha defendido la enmienda que presentará su partido para elevar la edad mínima para cazar por «sentido común» y considerarla «fundamental» para modificar esta ley, y destacar que se ha llevado a cabo en otras regiones como Canarias o Galicia con el apoyo del PP.
EN CONTRA DEL SECTOR
De su parte, la diputada socialista Carmen Torralba ha vuelto a poner de manifiesto el consenso de esta modificación con las escasas alegaciones públicas que ha tenido, al no superar la cincuentena. «Algo que contrasta con la del PP, que tuvo más de 115.000 firmas en contra por estar hecha en contra del sector».
«El PP no puede hablar de falta de consenso ni de falta de transparencia, de eso presumía su ley, que hizo que incluso surgiera una plataforma en su contra», ha indicado la responsable socialista, que ha defendido que el Gobierno de García-Page ha conseguido una norma «que defiende la actividad cinegética, siendo sostenible, involucrando a todos los actores y siendo una norma moderna y sostenible».
«Apoyar la caza no tiene nada que ver con apoyar el maltrato animal, hoy el PP se queda solo en la defensa del lanceo de jabalí», ha afirmado Torralba, para quien esta modificación de la norma apuesta por la caza social y por el hecho de que esta actividad se ejerza en igualdad de oportunidades.
A David Llorente le ha dicho Torralba que no es esta ley la que debe regular el uso de armas. «Ninguna región puede impedir que un menor tenga una licencia de armas o que las pueda usar en un campo de tiro, si su grupo quiere esto que presente una enmienda en el Congreso», le ha espetado.
